Gobierno de Trump compra dos centros de detención de migrantes en California
Los dos centros pertenecían a la compañía carcelaria CoreCivic.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compró dos de los centros de detención de inmigrantes más grandes de California, en una operación valorada en $1,500 millones, que hace parte del plan del presidente Donald Trump para aumentar las deportaciones de indocumentados.
El Gobierno estadounidense adquirió el Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en la frontera de California y México, y el Centro de Detención de California City, en el condado de Kern, vecino de Los Ángeles.
Los dos centros pertenecían a la compañía carcelaria CoreCivic.
La Administración de Trump pagó $739,2 millones por el centro de Otay Mesa, con capacidad para 1,994 personas, y $732,6 millones por el centro de California City, recientemente inaugurado y con capacidad para 2,560 personas, según documentos legales de la venta, ocurrida el pasado 2 de julio, citados por CalMatters.
En un comunicado, la compañía indicó que “espera continuar gestionando” las operaciones diarias de ambos centros en virtud de los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La compra de los centros se anunció tras la reciente aprobación del Congreso de EE.UU. de un proyecto republicano de $70,000 millones para financiar a ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales migratorias durante el resto del mandato del presidente, Donald Trump.
Los centros de detención migratoria bajo el Gobierno Trump han estado bajo el escrutinio público tras las denuncias de negligencia y el aumento de muertes de extranjeros bajo custodia de ICE.
En los primeros seis meses del año se han reportado 52 fallecimientos.
Esta semana se conoció que al menos quince de los 45 centros de detención ICE, que albergan a 500 o más personas, no han sido inspeccionados en el último año pese a las denuncias de irregularidades de grupos humanitarios, según un análisis de CBS.
La investigación también encontró que al menos cinco centros de detención no tienen registro alguno de inspección.