Humala afronta en Perú un pedido de 20 años de prisión por lavado de activos
Humala se convierte en el primer exdignatario de Perú en recibir una acusación formal, al cabo de cuatro años de investigación fiscal, raíz del escándalo de sobornos de Odebrecht.
El expresidente peruano Ollanta Humala, que gobernó entre 2011 y 2016, afronta un pedido de 20 años de cárcel por lavado de activos y su esposa, Nadine Heredia, una pena de 26 años y seis meses, por los aportes de la firma brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas electorales en 2006 y 2011.
Humala se convierte en el primer exdignatario de Perú en recibir una acusación formal, al cabo de cuatro años de investigación fiscal, raíz del escándalo de sobornos de Odebrecht que ha salpicado igualmente a los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Alan García (2006-2011), que se suicidó el mes pasado al recibir una orden de detención por este caso.
El fiscal Germán Juárez explicó este martes a la prensa que "para Ollanta Humala se está pidiendo 20 años de pena privativa de la libertad por lavado de activos agravado" por hechos que están referidos a la campaña electoral de 2006 y 2011.
En el requerimiento acusatorio contra Heredia se está pidiendo 26 años y seis meses de cárcel, "toda vez que existe un concurso de delitos" por "haber percibido dinero maculado (sucio) en la campaña de 2006, por actos de ocultamiento, compra de inmuebles, y por la campaña de 2011", precisó Juárez.
Además, la acusación fiscal incluyó al partido Nacionalista, fundado por Humala y Heredia, como imputado para que sea disuelto, en el caso de lograr una sentencia condenatoria, por haber sido "instrumentalizado para efectos de lavar dinero".
En la campaña electoral del 2011, que Humala ganó a Keiko Fujimori, Odebrecht entregó tres millones de dólares para la campaña del partido Nacionalista, de los cuales un millón fueron recibidos personalmente por Nadine Heredia, según confesó el exsuperintendente de la constructora en Perú Jorge Barata a la fiscalía peruana.
Tras la victoria electoral de Humala, Odebrecht ganó la concesión, junto a la española Enagas y la peruana Graña y Montero, del Gasoducto Sur Peruano, una obra de 7.000 millones de dólares, que tras el escándalo fue anulada por el Estado peruano.
Sin embargo, los aportes irregulares se remontan, según la Fiscalía, a la campaña de 2006, que Humala perdió ante Alan García, procedentes del Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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El dinero para financiar esa primera campaña nacionalista fue ingresado a las cuentas de Heredia como presuntos pagos por contratos laborales, que resultaron ficticios, según la investigación de Juárez.
El fiscal del caso indicó que están evaluando "cuál es la mejor medida (detención o comparecencia) a efectos de garantizar la presencia de los imputados en el proceso o un eventual juicio oral".
Humala y su esposa cumplieron nueve meses de prisión preventiva hasta abril del año pasado en que una resolución del Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación al revocar la detención.
En la jornada de hoy, Juárez logró que el juez Richard Concepción Carhuancho declare improcedente el recurso de tutela de derechos presentado por el abogado de los Humala, César Nakazaki, para evitar que la Fiscalía incorpore documentos referidos a los contratos ficticios atribuidos a Nadine Heredia.
"Son documentos que son importantísimos para la acreditación de la acusación que está haciendo el Ministerio Público", señaló el fiscal tras la audiencia judicial.
Por su parte, Nakazaki declaró que "hoy comienza una segunda etapa en la defensa del expresidente Humala y de su esposa. Ya hemos terminado la investigación preparatoria, y ya estamos en la etapa intermedia con la presentación de la acusación".
El abogado del exgobernante agregó que "sólo vamos a aceptar que haya una acusación con pruebas legales y uno de los requisitos de la prueba legal es que el fiscal solo acuse con las pruebas producidas en la investigación preparatoria", al criticar la documentación referida a los contratos de Heredia con la empresa Apoyo Total.
Después de presentada la acusación fiscal, la Sala Penal Nacional tiene un plazo de 20 días para convocar a una audiencia de inicio del proceso, señaló el fiscal del caso.