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Tribunal brasileño revierte la decisión que ordenaba quitar beneficios a Lula
La nueva decisión, que le devuelve todos los beneficios al exjefe de Estado, fue anunciada el mismo día en que el presidente brasileño, Michel Temer, hizo efectiva la orden del juez de primera instancia.
La decisión de un juez de primera instancia de Brasil de suspender los beneficios de asesoría, seguridad y transporte de que goza como expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumple una condena de 12 años por corrupción, fue suspendida hoy por un tribunal superior, dijeron fuentes oficiales.
El magistrado André Nabarrete, integrante del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región (TRF3), dejó este martes sin efectos la decisión del juez Haroldo Nader de retirarle los beneficios a Lula por considerar que su mantenimiento "lesiona directamente al erario".
La nueva decisión, que le devuelve todos los beneficios al exjefe de Estado, fue anunciada precisamente el mismo día en que el presidente brasileño, Michel Temer, hizo efectiva la orden del juez de primera instancia.
En su decisión, el magistrado Nabarrete resaltó que a los expresidentes se les otorgan derechos y prerrogativas, y no beneficios, según lo publicó el TRF3 en su portal.
La nueva decisión, que le devuelve todos los beneficios al exjefe de Estado, fue anunciada precisamente el mismo día en que el presidente brasileño, Michel Temer, hizo efectiva la orden del juez de primera instancia.
En su decisión, el magistrado Nabarrete resaltó que a los expresidentes se les otorgan derechos y prerrogativas, y no beneficios, según lo publicó el TRF3 en su portal.
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"Los actos normativos explicitados garantizan a los expresidentes no solo la seguridad personal, sino también el apoyo personal y la seguridad patrimonial, de manera que los servidores de su confianza son necesarios para el mantenimiento de su dignidad y subsistencia (suministro de medicamentos, ropa y otros aspectos personales), así como del patrimonio cultural del país", precisó el magistrado en su decisión.
El magistrado también señaló que los dos vehículos oficiales y sus respectivos conductores, que están al servicio del exmandatario, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, sirven para la consecución de las finalidades que llevan a cabo sus asesores.
Nabarrete también aseguró en su decisión que "no se sostiene el argumento (del juez) de costo innecesario al erario" y que el hecho de que Lula este preso "no es fundamento para apartar derechos y prerrogativas consagradas en la ley a todos los expresidentes de la República".
Lula, encarcelado desde el pasado 7 de abril, fue condenado por corrupción a nueve años, pero esa pena fue ampliada a 12 años por un tribunal de segunda instancia, que luego ordenó la ejecución de la pena, según la jurisprudencia en vigor en el país.
Las acusaciones se refieren a un apartamento que, de acuerdo con la Justicia, el expresidente recibió a modo de soborno de la vasta red de corrupción descubierta por la operación Lava Jato, que detectó multimillonarias irregularidades en la estatal Petrobras.
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"Los actos normativos explicitados garantizan a los expresidentes no solo la seguridad personal, sino también el apoyo personal y la seguridad patrimonial, de manera que los servidores de su confianza son necesarios para el mantenimiento de su dignidad y subsistencia (suministro de medicamentos, ropa y otros aspectos personales), así como del patrimonio cultural del país", precisó el magistrado en su decisión.
El magistrado también señaló que los dos vehículos oficiales y sus respectivos conductores, que están al servicio del exmandatario, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, sirven para la consecución de las finalidades que llevan a cabo sus asesores.
Nabarrete también aseguró en su decisión que "no se sostiene el argumento (del juez) de costo innecesario al erario" y que el hecho de que Lula este preso "no es fundamento para apartar derechos y prerrogativas consagradas en la ley a todos los expresidentes de la República".
Lula, encarcelado desde el pasado 7 de abril, fue condenado por corrupción a nueve años, pero esa pena fue ampliada a 12 años por un tribunal de segunda instancia, que luego ordenó la ejecución de la pena, según la jurisprudencia en vigor en el país.
Las acusaciones se refieren a un apartamento que, de acuerdo con la Justicia, el expresidente recibió a modo de soborno de la vasta red de corrupción descubierta por la operación Lava Jato, que detectó multimillonarias irregularidades en la estatal Petrobras.