Tribunal respalda acción contra diputada opositora

CARACAS, Venezuela
AP

El Tribunal Supremo de Justicia ratificó el desafuero de la diputada opositora María Corina Machado, que le fue retirado por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional después de que la legisladora denunció al gobierno venezolano en una sesión de la OEA en Washington.
  La sentencia del máximo tribunal coincide con una convocatoria a una concentración que organizó la oposición para este martes en el este de la capital en apoyo a Machado, quien anunció que tiene previsto asistir al Congreso acompañada de algunos de sus colegas.
  En su fallo del lunes por la noche, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo sostuvo que Machado incurrió en una ``actividad incompatible'' con su función legislativa ante la ``aceptación de una representación alterna de un país'', señaló un comunicado de esa dependencia. En su presentación ante la OEA Machado ocupó el asiento de Panamá.
  Los magistrados consideraron que Machado, al hablar el mes pasado en una sesión de la OEA por solicitud del embajador de Panamá, ejerció una ``función diplomática'' y determinaron que esa acción ``no sólo va en desmedro de la función legislativa para la cual fue previamente electo o electa, sino en franca contradicción con los deberes como venezolana''.
  ``Nunca me he sentido tan diputada como hoy'', afirmó el martes Machado al rechazar la sentencia del máximo tribunal, al que señaló de estar al servicio del oficialismo e integrado por ``juristas del terror''.
  En declaraciones a la emisora local Radio Caracas, Machado aseguró que ``esto no nos va a desmovilizar, esto no nos va a dividir, esto no nos va a desmoralizar que es lo que ellos pensaban''.
  La opositora indicó la víspera a The Associated Press en entrevista telefónica que de hacerse efectiva la pérdida de su diputación seguirá haciendo su trabajo.
  ``En Venezuela hoy hay una dictadura y en función de eso tengo la obligación de continuar luchando por una transición a la democracia y la restitución de la constitución y las leyes en nuestro país'', agregó.
  La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional aprobó la semana pasada una moción de urgencia en la que se establecía que Machado había perdido en forma automática su investidura parlamentaria al ejercer como embajadora accidental de Panamá ante el Consejo Permanente de la OEA y que no hacía falta cumplir los requisitos constitucionales para allanarle la inmunidad.
  El presidente del Congreso, el diputado oficialista Diosdado Cabello, justificó la acción contra Machado argumentando que la constitución establece que ``los funcionarios públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional''.
  El canciller Elías Jaua dijo la víspera al canal de noticias Globovisión que Machado al hablar el mes pasado en una sesión de la OEA como ``representante alterna'' de Panamá incurrió en una ``colisión de intereses'' entre ser diputada y actuar ``como funcionaria panameña en un organismo multilateral''.
  Al respecto, Machado declaró que ``sería bueno que el señor Jaua se lea la constitución y que vea en el artículo 191 en donde se establece cuáles son las funciones que podemos ejercer los diputados entre otras funciones docentes y también el ejercicio de funciones en carácter accidental''.
  La diputada opositora Dinorah Figuera consideró la sentencia contra Machado una ``maniobra del gobierno'' para sacar a los opositores de la Asamblea Nacional. El año pasado el oficialismo inició procesos legales contra dos diputados opositores por supuestos hechos de corrupción, lo que le permitió sacarlos del Congreso y lograr los votos necesarios para darle al presidente Nicolás Maduro una ley habilitante que le permite legislar hasta noviembre de este año por decreto.
  ``Nos reservaremos las acciones legales'', dijo Figuera en un comunicado de prensa al anunciar que la oposición activará una ``agenda de lucha internacional'' para dar a conocer la ``vulneración de la institucionalidad del Parlamento por parte del oficialismo''.
  Amnistía Internacional expresó el martes su preocupación por la situación en Venezuela y dijo en un comunicado que el país sudamericano enfrenta el riesgo de ``una de las peores amenazas al estado de derecho de las últimas décadas si las diversas fuerzas políticas no se comprometen a respetar los derechos humanos completamente''.
  La organización reconoció que en el contexto de las protestas callejeras de febrero y marzo que han ocurrido en Venezuela ``las fuerzas de seguridad del país han recurrido al uso de fuerza excesiva, incluyendo armas de fuego, y hasta han torturado a manifestantes''.
  El informe también documentó abusos a los derechos humanos cometidos por grupos a favor del gobierno, manifestantes e individuos no identificados.
  Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de la desbordada inflación -que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57,3%-, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.
  Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado al menos 33 muertos, 559 heridos y más de 1.700 detenidos de los cuales 168 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales.
  Maduro ha desestimado las protestas considerándolas como parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado. Los opositores han rechazado esas acusaciones.