Venezuela: "Ley contra el Odio" criminaliza la disidencia

La Cámara también considera que la Ley "contempla restricciones a la libertad personal" en tanto que "promueve la autocensura y la censura por parte de los Órganos del Estado; suprimiendo los pocos espacios con cuenta el ciudadano para debatir los asuntos de interés colectivo e inhibiendo la posibilidad de formular denuncias de cualquier naturaleza".
"Promueve la división y la persecución allanando de esta forma el camino para que el gobierno se ensañe contra los ciudadanos que protestan o que se expresan en las redes sociales erradicando de una vez nuestros valores democráticos", agrega el texto del Poder Legislativo, declarado "en desacato" y despojado de poderes por el Tribunal Supremo de Justicia y la misma ANC.
El centro de gravedad de la ley está en el artículo 20, que textualmente indica: "Quien públicamente (...) fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años".
Este apartado abre la posibilidad de que cualquier opinión que sea expresada "mediante cualquier medio apto para su difusión pública" pase a ser evaluada bajo los parámetros de esta ley, por lo que formas de expresión como los comentarios de los ciudadanos comunes en las redes sociales podrían convertirse en delitos.