11 días después reacciona Varela por "La Taquilla" y "Procuraduría Paralela"

Panamá. Agobiado por los cuestionamientos a la operación de una “Procuraduría Pararela” y de un grupo de abogados y políticos oficialistas que integraban el grupo de extorsión “La Taquilla”,  la Presidencia de la República reaccionó  11 días después a la serie de reportajes del diario “La Estrella de Panamá” que develó toda esa trama.
La administración del mandatario Juan Carlos Varela justificó la contratación de abogados particulares para preparar los casos penales contra figuras del gobierno anterior en un comunicado oficial. Y no solo hizo esta admisión, sino que metió en el paquete a seis firmas jurídicas más, que asegura habrían hecho el mismo trabajo del bufete de su abogado personal, Rogelio Saltarín.

 

 

Es la primera vez que oficialmente el gobierno se pronuncia desde que una investigación del diario La Estrella de Panamá -publicada entre el 1 y el 5 de octubre- revelara en detalle cómo Saltarín, en conjunto con el Consejo de Seguridad liderado por Rolando López e integrado en un principio por Kenia Porcell, recopilaran datos sobre las actuaciones de figuras del gobierno anterior y armaran casos judiciales contra ellos, que luego entregaban a la Procuraduría General de la Nación, cargo al que designaron luego a la propia Porcell.
El Ejecutivo trata de zafarse de una futura investigación penal, alegando que en “ningún momento se han usurpado competencia de otros Órganos del Estado”.
Sin embargo, los propios informes del “Procurador Paralelo” ponen de manifiesto que se realizaron labores propias de las instancias del Ministerio Público y se tuvo acceso a información restringida.
La reacción del gobierno de Varela es meter en el baile a más firmas de abogados dentro y fuera del país, pero no hace ninguna explicación sobre el papel del Consejo de Seguridad, de Rolando López, o de la procuradora Kenia Porcell, como tampoco de ninguno de los ministros, embajadores y directores de esta administración que habrían colaborado con las actuaciones de la "Procuraduría Paralela".
Según el comunicado publicado por la Presidencia de la República, "la contratación de firmas de abogados locales e internacionales por parte del gobierno fue una decisión necesaria e indispensable para atender los graves hechos de corrupción y situaciones contractuales complejas del quinquenio pasado".
"El actual gobierno, decidido a recuperar lo que fuera posible del patrimonio público apropiado ilegítimamente y ordenar la Administración Pública, reunió apoyo profesional de varias firmas reconocidas de abogados", añade la nota oficial.
El gobierno menciona que además de los servicios de la firma Saltarín, Arias y Auditores Jurídicos, contrató los servicios de los bufetes Tapia, Linares y Alfaro; Arias, Fábrega y Fábrega; Icaza, Gonzalez Ruíz y Alemán; Morgan & Morgan y "otras" a nivel local que no especificó.

 

Reconoce además que fuera del país contrató a las firmas Hogan Lovells, Shearman & Sterling; y Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, entre "otras firmas".
El Ejecutivo afirmó que estas contrataciones se desarrollaron "en el marco de la ley".

El abogado Sidney Sittón, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, cuyos casos judiciales fueron armados bajo el esquema de la "Procuraduría Paralela", le dio con todo al pronunciamiento presidencial.
"El comunicado trasnochado de la @PresidenciaPma es como aquel borracho que no duerme en su casa, llega a las 9 de la mañana del día siguiente y trata de dar una excusa a su mujer", escribió Sittón en Twitter.
El abogado Alexis Sinclair reaccionó pidiendo la renuncia de la procuradora Kenia Porcell por su conducta incorrecta y porque Panamá no cree en ella. El jurista también reclamó una renuncia en masa de los Fiscales, porque "el pueblo está hastiado de lo que hicieron".