2do. desmentido de esterilizaciones forzadas en zonas indígenas

Un segundo desmentido recibió la denuncia de la diputada independiente Walkiri Chandler sobre presunta esterilización forzada a 15 mujeres indígenas en Bocas del Toro.

Ayer la Defensoría del Pueblo informó que no ha podido comprobar que a las mujeres de los pueblos originarios del área de Charco La Pava y comunidades indígenas adyacentes a Bocas del Toro, dado que no existen elementos concluyentes en esta investigación que comprueben la práctica de una esterilización forzada de parte de funcionarios de la Caja del Seguro Social o del Ministerio de Salud.

En febrero, la Defensoría del Pueblo activó una comisión especial para llegar a la realidad material; trasladándose con un equipo interdisciplinario a Charco La Pava, para investigar los hechos denunciados.

Durante la investigación, la Defensoría hizo llamados reiterativos ofreciendo el servicio de exámenes de ultrasonido para corroborar la práctica de procedimientos de salpingectomía, sin embargo, hasta la fecha no ha acudido ninguna mujer para recibir dicha atención.

Además, según respuesta de las instituciones de salud, los procedimientos de salpingectomía realizados de 2019 a 2021, en los dos casos de mujeres procedentes de Charco La Pava, hubo consentimiento informado, de acuerdo a la firma estampada de las mismas.

El Ministerio de Salud informó que había iniciado una investigación por las supuestas esterilizaciones forzadas y que pidió informes a sus direcciones en la comarca Ngäbe-Buglé y en Bocas del Toro.

La autoridad sanitaria señaló que la ley estipula que para una esterilización permanente, el personal de salud debe informar a la paciente sobre el procedimiento y ésta debe firmar un consentimiento informado. De no firmarlo, “no se puede proceder con la intervención quirúrgica.”

El único caso documentado se trata de una paciente de 25 años que el 19 julio de 2019 una embarazada que llegó al hospital de Changuinola fue sometida cesárea más salpingectomía parcial bilateral y existe en el expediente clínico tres consentimientos informados para realizar cesárea, salpingectomía parcial bilateral y maduración cervical, los tres firmados aparentemente por la paciente.

Ya antes el Ministerio de Salud (Minsa) tras una investigación, determinó que en la Región de Salud Comarca Ngäbe-Buglé en los últimos años no se practica ningún programa de esterilización a la población femenina.

En la Región de salud de Bocas del Toro, en el Hospital Guillermo Sánchez, según requerimientos establecidos, se efectúan salpingectomía de manera selectiva los viernes en la tarde y sábado en la mañana, mientras que en el Hospital del oriente chiricano en San Félix no se practican salpingectomía. Por su parte, en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago, actualmente están suspendidas.

El Ministerio Público de Panamá también abrió una investigación por el “delito contra la humanidad” por supuestas esterilizaciones no consentidas a mujeres indígenas de zonas apartadas del país.

Esta investigación se inició por la denuncia presentada el 17 de febrero por la diputada oficialista y presidenta encargada de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, Kayra Harding.

El escándalo estalló cuando la diputada independiente suplente Walkiria Chandler preguntó en una interpelación a la ministra de Salud encargada, Ivette Berrío, sobre las supuestas esterilizaciones forzadas de indígenas después de dar a luz.

Chandler afirmó que una comisión parlamentaria viajó a Bocas del Toro en octubre para investigar unos casos de leishmaniasis en menores de edad y un grupo de mujeres indígenas hicieron la denuncia sobre las esterilizaciones sin consentimiento.