Aporte de casi mil millones del Gobierno a CSS refuerza pensiones en Panamá
“Con esfuerzo y disciplina cumplimos con los recursos para garantizar las pensiones de hoy y del mañana”
El Gobierno de Panamá concretó el primer aporte anual, de 966 millones de dólares, a la Caja del Seguro Social (CSS), bajo la nueva ley que la rige, aprobada en marzo pasado para resolver el déficit millonario que arrastra uno de sus dos subsistemas de pensiones.
"Cumpliendo la palabra empeñada. Hemos realizado el primer aporte de 966 millones de balboas (dólares) a la Caja de Seguro Social para el año fiscal 2025, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 156 de la Ley 462", anunció este martes el presidente panameño, José Raúl Mulino.
"Este gran aporte consolida la institución, haciéndola más sólida, fuerte y sostenible a lo largo del tiempo. Con esfuerzo y disciplina cumplimos con los recursos para garantizar las pensiones de hoy y del mañana", añadió el jefe de Estado en un mensaje en su cuenta de X.
Mulino sancionó el pasado 18 de marzo la reforma al seguro social, cuya propuesta de ley fue presentada por el Ejecutivo en noviembre de 2024. Fue aprobada tras una serie de modificaciones en el Parlamento unicameral y en medio de protestas de los sindicatos de docentes del sector público, de la construcción y de las bananeras.
Las protestas sindicales, que fueron perdiendo fuerza con el paso de las semanas, pusieron en riesgo el año escolar en el sector público y acabaron con el negocio de la transnacional bananera Chiquita, que tras abandonar el país llegó a un acuerdo con el Gobierno de Mulino y reiniciará la exportación del banano en enero próximo bajo un nuevo esquema de producción.
Entre los cambios establecidos por la Ley 462 que reformó la CSS está el establecimiento del aporte anual del Estado de 966 millones de dólares a fin de cubrir el déficit del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La nueva ley ordena que al sexto año de su vigencia se analice exclusivamente la necesidad de modificar o mantener la edad de retiro por vejez o el requerimiento de aportes adicionales por parte del Estado, sin afectar la estructura o el modelo de pensiones establecido en la norma.
En la reforma, la edad de jubilación se mantuvo en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, en contraste con la propuesta original del Ejecutivo, que la aumentaba en tres años.
Otros cambios aprobados son el establecimiento de una tasa de reemplazo mínima del 60 %, sobre el salario promedio base de la pensión por vejez, y un incremento del 3 % en el aporte de las empresas, no el de los contribuyentes.
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