Asamblea estudiará si acepta denuncia contra fiscal que acusa a Martinelli
Yo escogí este caso, una vez lo cerremos, se admita o no, vienen otros, hay alrededor de 14 casos", dijo el diputado opositor Sergio Gálvez.
La Comisión de Credenciales de la Asamblea Naciona de Diputados estudiará desde hoy si admite una denuncia por un supuesto delito contra el honor interpuesta en 2016 contra el magistrado del Supremo, Harry Díaz, quien actúa como fiscal en el caso de las escuchas que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli.
"Yo voy a limpiar esta comisión, soy el presidente de esta comisión, la ley me da la potestad. Yo escogí este caso, una vez lo cerremos, se admita o no, vienen otros, hay alrededor de 14 casos", dijo el presidente de la Comisión de Credenciales, Reglamento y Ética Parlamentaria, el diputado opositor Sergio Gálvez.
Gálvez, que es diputado de Cambio Democrático (CD) y a quien la prensa local identifica como amigo íntimo del expresidente Martinelli, explicó a los periodistas que rescató la denuncia contra Díaz porque no quiere que quede ningún caso pendiente en la comisión antes de que se elija un nuevo Parlamento en los comicios generales de mayo de 2019.
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La Constitución panameña establece que los diputados de la Asamblea Nacional solo pueden ser investigados y procesados por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras que el Parlamento, a su vez, es el único ente con competencia para investigar y procesar a los magistrados del máximo tribunal.
La Asamblea Nacional indicó por su parte en Twitter que la comisión que preside Gálvez "aprobó entregar a cada comisionado para su estudio la carpeta que contiene querella penal, contra el magistrado de la C.S.J (Corte Suprema de Justicia) Harry Díaz, por la presunta comisión del delito contra el honor y violación a la ley de carrera judicial".
Díaz fue denunciado en enero de 2016 por calumnias e injurias por otros magistrados del máximo tribunal después de que reveló durante una entrevista con una televisión nacional la supuesta intromisión del Gobierno de Martinelli en el Órgano Judicial.