Cámara pide vetar ley que amplía beneficios a jubilados
La CCIAP considera que el Proyecto de Ley 226 aumenta la presión sobre las MiPymes y plantea dudas sobre la sostenibilidad de los nuevos beneficios.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) pidió al presidente de la República vetar en su totalidad el Proyecto de Ley 226, iniciativa aprobada recientemente que amplía beneficios, incorpora nuevos descuentos y aumenta otros ya existentes para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
La organización empresarial sostuvo que proteger a los adultos mayores es una responsabilidad compartida, pero advirtió que debe hacerse mediante mecanismos sostenibles y viables, sin trasladar de manera creciente nuevas obligaciones al sector productivo.
Para la CCIAP, el debate no está centrado en la necesidad de apoyar a los jubilados y pensionados, sino en cómo financiar esos beneficios sin aumentar la presión sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.
MiPymes enfrentan mayores costos
La Cámara advirtió que para una MiPyme, un descuento obligatorio representa una reducción directa sobre sus ventas, mientras continúan aumentando o manteniéndose los costos de planilla, alquiler, energía, insumos, financiamiento e impuestos.
Según la posición del gremio, las pequeñas empresas no cuentan con capacidad ilimitada para absorber nuevas cargas. Entre las posibles consecuencias mencionó la reducción de márgenes de ganancia, aumentos de precios, postergación de inversiones, limitaciones en nuevas contrataciones o incluso el cierre de operaciones.
La CCIAP considera que ninguna de estas alternativas beneficia al conjunto de los panameños.
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Crédito fiscal no resuelve el problema, según la CCIAP
El gremio reconoció que existe un tema pendiente relacionado con el reconocimiento fiscal de los descuentos que distintos sectores han asumido durante años por mandato legal.
Sin embargo, sostuvo que incorporar un crédito fiscal del 100% no resuelve automáticamente el problema de fondo.
La organización señaló que primero debe analizarse la viabilidad del mecanismo, su costo para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para hacerlo efectivo.
Además, cuestionó si resulta sostenible continuar ampliando una política social mediante obligaciones que recaen directamente sobre determinados sectores empresariales.
Cámara pide una revisión integral de la iniciativa
La CCIAP planteó que antes de imponer nuevas cargas debe realizarse una evaluación integral del régimen vigente y de su posible impacto sobre los precios, el empleo, la inversión y las MiPymes.
La organización también considera necesario definir cuál debe ser la participación del Estado en el financiamiento de estos beneficios y fortalecer el cumplimiento de los derechos que ya tienen los adultos mayores.
Por esta razón, su posición es que el Ejecutivo debe vetar el Proyecto de Ley 226 y abrir una revisión técnica, fiscal y económica de la iniciativa.
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