Cámara reclama transparencia en contratos de minas y puertos
Durante una reunión del Consejo de Expresidentes y el presidente actual de la Cámara de Comercio de Panamá, Jose Ramón Icaza, presentaron sus puntos de vista sobre diferentes temas de interés nacional, entre los cuales figura exigir una pronta reactivación económica y rechazar las medidas de movilidad, al tiempo que solicitan mayor transparencia, sobre todo en las negociaciones de los contratos del Estado con empresas de diferentes sectores, para no afectar la economía del país.
El gremio destaca que la situación socioeconómica presenta un cuadro alarmante en comparación a la crisis sanitaria. El desempleo ha aumentado de 7% a 18% y la caída de 8.5% en el primer trimestre del año 2021. El número de empresas cerradas, hoteles desocupados, locales y viviendas vacías o abandonadas; e individuos en la informalidad, es preocupante por lo devastador. La violencia doméstica hace noticia frecuente, asestando duros golpes al tejido familiar y social, afirman.
El presidente Icaza expresó su rechazo a las medidas de restricción de movilidad que el Ministerio de Salud (MINSA) sigue imponiendo en el país. “Aceleremos la recuperación de empleos y de la economía, eliminando medidas incoherentes y abriendo la vacunación a todos”, acotó.
En cuanto a las negociaciones que el Estado ha realizado en las últimas semanas con empresas portuaria, energía, y próximamente con el sector minería, la Cámara reconoce la importancia de la estabilidad jurídica de las empresas, sin embargo, advierte que las autoridades deben ser transparentes brindando la información correspondiente sobre los procesos que se adelantan, y dichas negociaciones deben realizarse en beneficio del desarrollo del país.
Respecto al tema minero, la CCIAP señala que se debe planificar una política nacional a largo plazo, creando una institución competente que se dedique en el análisis, planificación y seguimiento de las políticas económicas.
Sin embargo, detalla el gremio que Minera Panamá adquirió una concesión bajo reglas establecidas y reconocidas como válidas al momento de realizar la mayor inversión del sector privado en la historia del país, aunado a una derrama económica de más de más de $4,200 millones y esto hay que ponerlo en la balanza en este proceso.
Desde la óptica de la CCIAP, la oportunidad es propicia para que el Estado logre un balance justo que reconozca regalías por el recurso mineral que se extrae y una rentabilidad razonable que tome en cuenta los riesgos asociados a la actividad (mercado, geológicos, infraestructuras disponibles, ambientales, sociales, financieros, entre otros); al tiempo que, la empresa pueda logra un adecuado retorno sobre su inversión.
Sobre la negociación con Panamá Ports Company, Icaza manifestó que aún se espera una explicación por parte de los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá sobre la resolución emitida.
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