Caso pinchazos: un proceso viciado de cabo a rabo

El doble juzgamiento que se le pretende hacer a Ricardo Martinelli por los supuestos pinchazos telefónicos, además de ser ilegal, arrastra elementos que vician el proceso, entre ellos un testigo protegido que ha cobrado más de un millón de dólares, pruebas que no contaban con cadena de custodia y miembros del Consejo de Seguridad que fueron presionados para señalar al expresidente.

Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá (AAPP), manifestó que ellos como defensa no están frente a “una guerra jurídica, sino ante una guerra mediática”.

Ante los cuestionamientos que han hecho algunos sectores por la operación de Martinelli, el jurista indicó que estos nunca cuestionaron el hecho de que a un testigo protegido se le haya pagado más de un millón de dólares en salarios, al nombrarlo en Washintong, Estados Unidos, en un puesto que no le corresponde.

Sin embargo, los cuestionamientos de parte de algunos sectores frente a este hecho, son totalmente nulos.

Inclusive, el testigo protegido, un miembro de la Policía Nacional que fue interrogado por el expresidente Juan Carlos Varela un día antes de poner su denuncia contra Martinelli, recibió críticas del exprocurador general de la Nación, Eduardo Ulloa.

Ulloa señaló, antes de ser procurador, que él como fiscal jamás se presentaría a un proceso teniendo como testigo principal a una persona a la cual se le pagó para que atestiguara en este caso en contra del exgobernante.

Además de esto, nunca se cuestionó si la persona que aparecía en silueta haciendo denuncias en un vídeo que circuló en redes sociales, es el mismo testigo protegido que volcó los correos al CD que se aportó como prueba cuando se puso la denuncia.

Perseguidos y torturados

El abogado Vallarino también señaló que durante el primer juicio, él nunca vio en algunos medios de comunicación que se destacara cómo algunos miembros del Consejo de Seguridad Nacional en el juicio confesaron que “fueron perseguidos y torturados” para declarar en contra del expresidente Martinelli.

Tres funcionarios del Consejo dijeron que los habían aislado en diferentes lugares para torturarlos psicológicamente, aseguró Vallarino, quien añadió que esos no eran los testigos de la defensa, sino de la fiscalía y los querellantes.

También dijo que el jefe de informática del Instituto de Medicina Legal durante la audiencia también denunció que fue presionado para la manipulación de algunas pruebas y que no se permitió contar con la cadena de custodia.

Además, enfatizó que tampoco se ha cuestionado que este es el único proceso con una persona no imputada y con dos delitos que tienen penas de cuatro años, que en ocho años aún no han prescrito.