CCIAP pide piden defender una reforma constitucional consensuada
El gremio empresarial no se refiere a ningún tema en particular en su pronunciamiento público, pero esta semana han causado controversia y rechazo propuestas de los diputados como negar la nacionalidad panameña a los hijos de extranjeros nacidos en Panamá.
Empresarios panameños aseguraron este domingo que esperan que el Gobierno del país defienda el paquete de cambios constitucionales consensuados que fue presentado ante el Parlamento, ya que, denunciaron, allí se han introducido cambios "ajenos a los propósitos de ampliar y modernizar" la Carta Magna.
"Confiamos en que, como una de las acciones más trascendentales de este quinquenio, el Órgano Ejecutivo se presente con liderazgo a resguardar las aspiraciones de la mayoría y no de unos cuantos", expresó la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), una de las más importantes del país.
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La Cámara, que agrupa a 1.800 empresas de 15 sectores económicos, recalcó que el paquete de reformas con 40 artículos que presentó el Ejecutivo ante la unicameral Asamblea Nacional (AN) fue elaborado por la "Concertación Nacional para el Desarrollo, integrado por 23 sectores", que incluyen sindicatos, patronales, partidos político, pueblos indígenas y activistas sociales, entre otros.
Para los empresarios, "igual importancia tienen las consultas hechas" por la Comisión parlamentaria de Gobierno en todo el país antes de iniciar el debate de las reformas, las cuales se sumarían a la propuesta del Ejecutivo de Laurentino Cortizo para enriquecerla "teniendo en cuenta los mejores intereses de Panamá".
Pero en el debate que comenzó esta semana en el pleno legislativo, de amplia mayoría oficialista, la CCIAP ve "con preocupación que algunos diputados busquen introducir (...) cambios inoportunos, innecesarios o ajenos a los propósitos de ampliar y modernizar, mediante la participación, la inclusión y una verdadera institucionalidad, la democracia, tal como lo consagra de manera integral el paquete recomendado por la Concertación".
El gremio empresarial no se refiere a ningún tema en particular en su pronunciamiento público, pero esta semana han causado controversia y rechazo propuestas de los diputados como negar la nacionalidad panameña a los hijos de extranjeros nacidos en Panamá, que las leyes locales estén por encima de los tratados internacionales y la limitación de la libertad de expresión en las redes sociales y medios de comunicación.
Muchos analistas y políticos locales se preguntan si la intención real de los legisladores es envenenar la propuesta de reforma para que sea rechazada en el referendo que debe ratificarla, de manera que al final nadie cambie, incluidas prerrogativas como la reelección indefinida de los diputados o que estos solo pueden ser juzgados por el Supremo, puntos que se pretenden modificar en la Constitución.
"La relación entre el Órgano Ejecutivo y Legislativo exige independencia; al igual que hacer valer los roles de contrapeso. En base a esto, esperamos que el primero sustente y defienda ante el segundo el proyecto de reforma que presentó", sostuvo la CCIAP, que garantizó que tanto ese gremio "como la sociedad que lo eligió (a Cortizo) sin duda lo respaldará".
La CCIAP "se mantendrá vigilante a lo que suceda en la Asamblea Nacional dado que en esta oportunidad está en juego el futuro de Panamá, especialmente en cuanto a lo propuesto con respecto a la libertad de expresión, la reelección de los diputados, el juzgamiento de estos y en general lo concerniente al ámbito de la Administración de Justicia, donde estriban los pilares del desarrollo nacional", añadió la Cámara.
El Parlamento, según las encuestas una de las instituciones más desprestigiadas del país debido a los escándalos de corrupción administrativa y clientelismo político, comenzó el pasado 15 de octubre la discusión de las reformas, que deberán ser aprobada antes del próximo 31 de octubre para mantener viva la aspiración del Ejecutivo de Cortizo de que sean sometidas a referendo popular en 2020.
Para que entren en vigor los cambios constitucionales deberán ser aprobados por dos legislaturas distintas de la AN -la que finaliza este 31 de octubre y la que comenzará en enero de 2020- y luego ser ratificados en un referendo popular, que es uno de los mecanismos que establece la Carta Magna para su modificación. Otro es la Asamblea Constituyente Paralela. EFE
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