Chapman: Gobierno pierde $6,300 millones por cierre de la mina
La presentación de la auditoría integral sobre la mina, el Gobierno confirmó que antes de que termine este año tomará una decisión sobre el futuro del proyecto.
El cierre de la mina de cobre en Donoso ha costado al país más de $6,300 millones en 32 meses, según informó este lunes el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien aseguró que Panamá también ha visto caer en un 65 % la inversión extranjera directa y en un 75 % las exportaciones de bienes.
Un equipo ministerial analiza una auditoría integral de la mina de cobre Cobre Panamá, cerrada desde 2023 por orden judicial y valorada en 10.000 millones de dólares. Su recomendación sobre el futuro del proyecto será entregada al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, antes de que finalice 2026.
"Nos anima producir resultados lo antes posible (...) hemos conversado que debemos llevar una recomendación al presidente antes de que finalice este año", declaró este lunes en un encuentro con la prensa el ministro panameño de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
La mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, una filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), y la única explotación de ese mineral en el país centroamericano, fue clausurada después de que la Corte Suprema declarara en noviembre de 2023 inconstitucional su contrato de concesión.
El fallo llegó en medio de las mayores protestas públicas en años en Panamá, que mezclaron un rechazo a la mina y al gobierno de turno, presidido por Laurentino Cortizo (2019-2024).
Chapman y los ministros de Comercio e Industria, Julio Moltó, y de Ambiente, Juan Carlos Navarro, conforman una comisión que estudia de manera "exhaustiva" la auditoría realizada por la firma suiza SGS durante varios meses y entregada al Gobierno el pasado 19 de junio.
Esta auditoría integral, compuesta de 15 tomos de 1.350 páginas cada uno más anexos, contiene datos técnicos que servirán como base para tomar decisiones alejadas "de las presiones corporativas y de los radicalismos ideológicos" que envolvieron el tema de la mina Cobre Panamá.
El ministro de Ambiente señaló que la auditoría arrojó que la operación de la mina por parte de la filial de First Quantum "presenta un cumplimiento general del 87,64 % de los 370 compromisos ambientales auditables adquiridos por la empresa".
"Esto significa que la mayoría de los objetivos ambientales se cumplieron, sin embargo el documento también identifica hallazgos: nueve fallas operativas, incluyendo deficiencias serias", entre ellas "en reforestación que alcanzó apenas el 45,7 % de lo comprometido", agregó Navarro.
"Hay una verdad sumamente compleja: cerrar la mina a lo loco, abruptamente, no eliminó los riesgos ambientales reales en el terreno, al contrario los dejó sin recursos para su mitigación", agregó el titular de Ambiente.
Entre las consecuencias del cierre de la mina, los ministros citaron que "40.800 personas perdieron su trabajo de manera directa o indirecta", que se dejaron de generar en 32 meses de paralización "más 6.300 millones de dólares" en la economía nacional, y una caída del 65 % de la inversión extranjera directa.
Además, el país quedó expuesto a arbitrajes internacionales que suman "27.000 millones de dólares", que ahora están suspendidos, como señaló Chapman.
La mina Cobre Panamá, de cerca de 13.000 hectáreas, es un yacimiento de 3.000 millones de toneladas de reservas probadas y probables y tiene una capacidad de producir más de 300.000 toneladas de cobre al año junto con oro, plata y molibdeno, según datos de la empresa, que sitúa la inversión en unos 10.000 millones de dólares.
La reapertura de la mina es un tema que sigue generando polémica en Panamá: los ambientalistas y sectores civiles organizados insisten en que el proyecto es perjudicial y debe seguir cerrado, mientras que los extrabajadores del enclave, sectores económicos y una parte de la opinión pública claman por su pronta reactivación.
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