Cierran oficina de la Defensoría del Pueblo en Arraiján
La medida rige desde el 16 de octubre y responde a una reestructuración administrativa. La resolución no detalla qué ocurrirá con el personal de la sede, abierta en 2023.
El cierre de esta oficina será permanente debido a un proceso interno de reestructuración administrativa y se hará efectivo a partir del 16 de octubre.
Por: Eric Montenegro / Crítica -
A través de la Resolución No. DDP-DAJ-106-2026, la defensora del pueblo, Ángela Russo, ordenó el cierre permanente de la oficina regional ubicada en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. La resolución aparece publicada en la Gaceta Oficial N.° 30636.
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Según se indica en la resolución, el cierre de esta oficina será permanente debido a un proceso interno de reestructuración administrativa y se hará efectivo a partir del 16 de octubre.
La decisión se basa además en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en el cual se señala que "la Defensora del Pueblo determinará y organizará las defensorías a nivel regional, de acuerdo con las necesidades del servicio".
Dicho artículo señala además que las defensorías estarán ubicadas preferentemente en las cabeceras de las provincias o en comarcas o en áreas que se estimen necesarias.
La resolución no aclara qué pasará con el personal
La resolución no indica qué pasaría con el personal que a la entrada en vigencia de la resolución laboraba en las oficinas de la Defensoría del Pueblo en el distrito de Arraiján.
Estas oficinas regionales fueron abiertas en el 2023, durante la gestión del exdefensor del pueblo, Eduardo Leblanc González, para suplir la necesidad de proteger, defender y promover el respeto de los derechos humanos de uno de los dos distritos más extensos de la provincia de Panamá Oeste.
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Para el próximo año 2027, la Defensoría del Pueblo de Panamá deberá hacer frente a un recorte presupuestario superior a $3 millones para cumplir con sus tareas básicas de protección de derechos humanos.
El monto recomendado para la entidad en 2027 asciende a $6.787.534,00. De esa cifra, $6.583.097,00 son para gastos de funcionamiento y $204.437,00 asignados a inversión.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la defensora del pueblo, Ángela Russo, señaló que el presupuesto asignado cubre apenas el 68,1% de los recursos de los programas de la institución para el próximo año.
