Conexión de abogada Karamañites llega a concesión de cobre

La abogada Karisma Karamañites, quien presentó el recurso de inconstitucionalidad para afectar la candidatura de José Raúl Mulino, no solo está vinculada al candidato Rómulo Roux y al gobierno de turno que espera reelegirse con la candidatura de José Gabriel Carrizo, sino que su familia tiene en trámite una concesión directa para la extracción de un cable de cobre.

Tanto Roux como Carrizo marcan de cuatro y penúltimo lugar en todas las encuestas reconocidas por el Tribunal Electoral, lo que podría explicar que la acción de la abogada Karamañites para tratar de afectar la candidatura de Mulino que al igual que Ricardo Martinelli marca como favorito entre los panameños en las próximas elecciones del 5 de mayo.

Ayer se conoció que el padre de la abogada Karamañites, Alberto Karamañites tiene avanzado los trámites para una concesión de salvamento y explotación de un cable cobre  que pertenece a la dirección de bienes patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con el documento indexsa-1220-21 del 20 de diciembre de 2021.

Se trata de una solicitud de contratación directa que solo está pendiente del último visto bueno.

Karamañites además fue funcionaria del ministerio de Gobierno en la administración Cortizo-Carrizo, y en 2022 fue nombrada como abogada en el IFARHU. 

Los vínculos de la abogada Karamañites también llegan hasta Roux, otro de los candidatos que no despega en las encuestas.

Karamañites fue parte de la firma de abogados Morgan & Morgan, y ahora parece como la firmante del recurso de inconstitucionalidad presentado contra la resolución del Tribunal Electoral que designó a Mulino como candidato presidencial, luego de haber inhabilitado a Ricardo Martinelli.

Se conoció que Roux fue una de las personas que ejerció presiones en el TE para inhabilitar la candidatura de Martinelli, y ahora estaría nuevamente detrás de la movida contra Mulino.

Karamañites fue por tres años asistente de operaciones fiduciarias de Morgan y Morgan, la firma de abogados de Roux que firmó el cuestionado contrato minero.

También trabajó para el actual administración del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el Ministerio de Gobierno y como asesora legal del Ifarhu en el 2022. Es socia del Grupo Galtes desde el 2023.