Contraloría: Informes poselectorales no son rendición de cuentas
La Contraloría indica que la rendición de cuentas ante esta entidad es independiente, obligatoria y no negociable.
La Contraloría General de la República aclaró hoy que los informes poselectorales que se presentan ante el Tribunal Electoral no sustituyen la rendición de cuentas obligatorias. Son dos procesos distintos y ambos deben cumplirse.
La aclaración surge luego de que varios diputados no han cumplido con la entrega de su rendición de cuentas, en su mayoría vinculados a la coalición Vamos, según los registros oficiales de la entidad fiscalizadora.
De acuerdo con la Contraloría, todavía hay información pendiente de presentación dentro del plazo establecido, especialmente por parte de candidatos electos por libre postulación, lo que representa un incumplimiento directo de la normativa vigente.
En ese contexto, la entidad precisó que el Movimiento Otro Camino (MOCA) y los diputados electos Alexandra Brenes y Luis Duke entregaron la documentación correspondiente el 15 de diciembre de 2025, pero fuera del tiempo reglamentario, por lo que dichos informes siguen bajo verificación administrativa.
La situación no se limita al nivel legislativo. En el ámbito municipal, los registros indican que las alcaldesas Irma Hernández (San Miguelito) y Stefany Peñalba (Arraiján), ambas electas por libre postulación, no presentaron rendición de cuentas dentro del plazo, pese a haber recibido financiamiento político poselectoral.
Además, varios representantes electos por libre postulación mantienen información pendiente ante la institución, lo que también constituye un incumplimiento formal de la ley.
La Contraloría fue enfática: la rendición de cuentas ante esta entidad es independiente, obligatoria y no negociable, distinta al proceso que se realiza ante el Tribunal Electoral. Mientras el Tribunal revisa el origen y uso del financiamiento electoral, la Contraloría fiscaliza el uso de los recursos públicos mediante control previo, exigiendo informes trimestrales.
La entidad advirtió que quienes no cumplieron en el tiempo establecido serán sometidos a los procesos de revisión correspondientes, incluyendo auditorías forenses, conforme al marco legal vigente.
Finalmente, la Contraloría dejó claro que no se trata de ataques políticos ni de persecuciones, sino del cumplimiento de su mandato constitucional: vigilar la transparencia, el buen uso del dinero público y que cada centavo sea debidamente justificado ante el país.
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