Corte debe definir demanda sobre violación al principio de especialidad
La Corte Suprema de Justicia de Panamá tiene pendiente resolver una demanda de inconstitucionalidad que cuestiona la legalidad del proceso New Business. La defensa del expresidente Ricardo Martinelli argumenta violaciones al Principio de Especialidad y al debido proceso, elementos que podrían alterar el panorama judicial tras el cierre de la audiencia de Odebrecht.
Tras la culminación de la audiencia ordinaria del caso Odebrecht, el escenario judicial panameño mantiene importantes temas pendientes antes de que la jueza Baloisa Marquínez dicte sentencia. Uno de los puntos críticos es la demanda de inconstitucionalidad contra la resolución indagatoria emitida en 2020 por el fiscal Emeldo Márquez dentro del proceso New Business.
El debate sobre el Principio de Especialidad
En dicho proceso, el expresidente Ricardo Martinelli recibió una condena de 10 años y 8 meses de prisión por presunto blanqueo de capitales. No obstante, su equipo legal y diversos juristas han advertido que el fallo ignoró que el exmandatario se encontraba protegido por el Principio de Especialidad.
Esta garantía, establecida en el tratado de extradición con Estados Unidos, limita los delitos por los cuales una persona puede ser juzgada tras su entrega. Según los expertos, la resolución judicial vulneró los artículos 4 y 32 de la Constitución Política de Panamá, los cuales obligan al Estado a respetar el derecho internacional y las garantías del debido proceso.
Falta de contrainterrogatorio y pruebas testimoniales
El abogado Carlos Carrillo señaló que es imperativo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva la demanda presentada hace más de un año. Carrillo destaca que este fallo permitiría aclarar controversias procesales graves, como la validez de condenas basadas en testimonios de testigos que no comparecieron a juicio para ser contrainterrogados por la defensa.
“Sería conveniente que ahora que se vuelve a discutir el Principio de Especialidad, la Corte defina el tema de una vez por todas”, enfatizó el jurista.
El rol de la Cancillería en el proceso
La defensa sostiene que solo el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la facultad de certificar el levantamiento de la especialidad. Hasta la fecha, la Cancillería de Panamá ha confirmado que no ha recibido ninguna solicitud formal por parte de la Fiscalía para proceder con dicho trámite.
Por su parte, el jurista Dani Vásquez Atencio asegura que la sentencia de New Business incurre en errores de fondo, al aplicar excepciones al Principio de Especialidad sin el sustento legal requerido. Según Vásquez, el proceso contra Martinelli estuvo influenciado por matices políticos que derivaron en una aplicación tergiversada de las leyes vigentes.
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