Corte falla a favor de entregar diploma en caso de fraude en la Usma
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió un Amparo de Garantías contra la resolución de la Defensoría del Pueblo sobre el caso de una queja interpuesta contra la Universidad Santa María La Antigua (USMA), en el caso de estudiantes involucrados en un escándalo, en medio de las elecciones del centro de estudiantes de derecho.
El fallo destaca que si bien es cierto, la Universidad es privada, no se puede perder de vista que se trata de un servicio público de educación y es el Estado quien otorga concesión para que esta entidad privada brinde dicho servicio.
Además el documento advierte que la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997 y sus modificaciones otorga competencia al Defensor del Pueblo para el control de los hechos, actos y omisiones de quienes presten servicios públicos, tal como lo establece la norma en su artículo 2.
Los abogados de la Usma habían interpuesto un Amparo de Garantías contra la Resolución N°1833e-2021 de 13 de septiembre de 2021 emitida por la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, argumentando que el centro universitario es de carácter privado y que la adopción de medidas violan el principio de autonomía universitaria.
La institución defensora de derechos humanos había recibido una queja de un estudiante graduando quien reclamaba que la casa de estudios superiores se negaba a otorgarle su diploma de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, tras un incidente durante las elecciones para escoger a la nueva directiva de la Asociación de estudiantes de la Facultad de Derecho.
La resolución de la Defensoria destaca que el centro de estudios cometió una violación de los Derechos Humanos, ya que la Universidad tiene el deber insoslayable de otorgarle el título de licenciado al estudiante tras haber cumplido con todos los requerimientos establecidos por esta casa de estudios superiores.
La Defensoría del Pueblo recomienda en dicha resolución a la Universidad Santa Maria La Antigua otorgarle el diploma al graduando y hace un llamado al gobierno central por conducto del Ministerio de Educación (Meduca) y la Universidad de Panamá.
En noviembre de 2020 estalló el escándalo de fraude relacionado con las elecciones de la Asociación de Estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas (Adeusma) , se comprobó que en efecto hubo serias irregularidades.
Para entonces el Consejo de Disciplina aplicó la sanción de expulsión definitiva a cuatro estudiantes del grupo ACTUA por haber infringido gravemente varios artículos del Reglamento de Moral, Ética y Disciplina contrario a los valores y principios de la Universidad.
El fraude se perpetró utilizando una plataforma tecnológica para desarrollar vía electrónica las elecciones de la Aedusma. Hubo suplantación de identidades para obtener la contraseña de los correos de los votantes.
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