Crisis financiera le estalla a Irma Hernández

La crisis financiera del Municipio de San Miguelito estalló ayer. Tras reconocer que las estrategias para aumentar las recaudaciones no dieron resultado, la alcaldesa Irma Hernández ordenó un recorte de hasta el 80 % en las partidas de funcionamiento de las nueve juntas comunales, lo que desató una rebelión entre los representantes de corregimiento.

La polémica surgió durante la sesión del Consejo Municipal, donde la alcaldesa anunció que, a partir de agosto, las partidas dejarán de distribuirse de manera uniforme entre los corregimientos y se asignarán con base en criterios como población, extensión territorial y niveles de pobreza.

El ajuste fue drástico. La junta comunal de Mateo Iturralde pasó de recibir 28 mil dólares mensuales a apenas 3 mil; Victoriano Lorenzo quedó con 4 mil; Arnulfo Arias bajó a 7 mil y Amelia Denis de Icaza a 12 mil.

Las reacciones no se hicieron esperar. El representante de Arnulfo Arias, Elvis Carda, afirmó que con un presupuesto de 7 mil dólares será imposible mantener el funcionamiento de la junta comunal y atender las necesidades de una población afectada por el desempleo y la pobreza.

Más contundente fue la representante de Victoriano Lorenzo, Sheyla Grajales, quien advirtió que, con apenas 4 mil dólares mensuales, podría verse obligada a cerrar la junta comunal por primera vez en la historia.

"Lo más fácil fue recortarle el presupuesto a las juntas comunales y perjudicar a la población, en lugar de reducir el gasto del municipio, como manda la ley", cuestionó.

Por su parte, el presidente del Consejo Municipal y representante de Mateo Iturralde, Juan Barsallo, aseguró que no cerrará la junta comunal, aunque reconoció que con los recursos asignados será imposible responder a las necesidades de la comunidad. Incluso hizo un llamado a quienes deseen realizar donaciones para que las lleven directamente al corregimiento.

Barsallo también sostuvo que los corregimientos administrados por representantes afines a la alcaldesa fueron los menos afectados por el recorte y cuestionó que la medida no fuera sometida a consideración de la Comisión de Hacienda, como establece la normativa.

La sorpresa fue tal que ni el propio tesorero municipal, Porfirio Luna Espino, conocía la decisión. Admitió que se enteró del recorte al mismo tiempo que los representantes, durante la sesión del Consejo Municipal.

El malestar aumentó porque el Decreto Alcaldicio No. 10, utilizado para justificar las medidas de austeridad, establece expresamente que las restricciones no son aplicables a las juntas comunales.

Pese a la implementación de dos moratorias tributarias y de un plan de contención del gasto, el municipio mantiene un déficit cercano a los 500 mil dólares mensuales. Las proyecciones indican que, si no se adoptan medidas extraordinarias, el colapso financiero podría producirse en octubre.

Irma Hernández calificó la decisión como "muy difícil" y volvió a responsabilizar a las administraciones anteriores por la crisis económica del municipio, aunque ya cumple dos años al frente de la gestión. Además, admitió que las iniciativas impulsadas por su administración para incrementar las recaudaciones no dieron los resultados esperados.