Defensoría aclara lío por agua y luz en Los Toneles
La institución asegura que es arrendataria del edificio desde 2022 y que el contrato establece que el propietario debe asumir el pago del agua.
Defensoría aclara lío por agua y luz en Los Toneles
Por: Redacción / Crítica -
La Defensoría del Pueblo salió este miércoles al paso de las informaciones relacionadas con el suministro de agua y energía eléctrica en el edificio Los Toneles, donde funciona su sede principal, y aclaró que no es parte de la controversia judicial que mantiene la administración del inmueble con la promotora.
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La institución precisó que ocupa el edificio desde enero de 2022, por lo que rechazó versiones que señalan que lleva 15 años funcionando en esas instalaciones.
Contrato establece quién paga el agua
Según la Defensoría, el contrato de arrendamiento firmado con Promotora El Tecal, S.A. establece las obligaciones que corresponden al propietario del inmueble.
En particular, la institución citó la cláusula sexta, numeral 2, del contrato, que establece que el arrendador debe mantener al día, entre otros compromisos, los gastos correspondientes al servicio de agua.
La Defensoría también indicó que dicho contrato forma parte del acto público N.° 2026-0-49-01-08-PE-000009.
Defensoría dice que paga la electricidad
Respecto al suministro de energía eléctrica, la institución aseguró que mantiene contratos propios para ese servicio y que los pagos se realizan mensualmente.
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Octubre 07, 2026La entidad sostuvo además que la controversia judicial mencionada en las publicaciones corresponde a diferencias entre la administración del edificio y la Promotora El Tecal, y no a un proceso contra la Defensoría, que ocupa el inmueble en calidad de arrendataria.
Rechaza señalamiento de apropiación ilegal
La Defensoría manifestó que respeta las inquietudes planteadas por residentes y por la Junta Directiva del PH Los Toneles y expresó su disposición a atender sus planteamientos dentro de las competencias que le otorga la ley.
La institución rechazó cualquier interpretación que le atribuya una conducta irregular o una supuesta apropiación ilegal de servicios públicos.
