Denuncian ante ONU politización judicial
Una solicitud de "Other letter" por práctica de violación de independencia judicial e imparcialidad de fiscales, jueces y tribunales de justicia en Panamá, fue presentada ante la relatora especial de las Naciones Unidas.
Una solicitud de "Other letter" por práctica de violación de independencia judicial e imparcialidad de fiscales, jueces y tribunales de justicia en Panamá, mediante la politización de la justicia para persecución de candidatos políticos y otros actores, fue presentada ante la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterhwaite.
La petición argumenta que se ha utilizado la justicia penal como forma de incidir en el desarrollo político y económico del Estado panameño. "Ese tipo de prácticas de manipulación y politización de la justicia se ajusta a casos que califican como 'lawfare' o 'guerra jurídica', cuyo principal objetivo es limitar los derechos políticos de opositores, simular que se combate la corrupción institucional y garantizar la impunidad a quienes, provenientes de tales élites, han obtenido provechos injustos de los cargos y finanzas públicas", detalla el documento de 19 páginas.
La solicitud, firmada por Luis Ernesto Albeño Salas, consultor y asesor en Derechos Humanos, plantea que tales conductas han provocado que personas hayan sido acusadas bajo incriminaciones penales por hechos falsos o que, en todo caso, carecían de una situación de orden penal y respondían, en la mayoría de los casos, a infracciones administrativas o persecuciones por razones políticas o empresariales.
Las élites económicas y políticas han cooptado la justicia penal utilizando pruebas falsas y testigos "sin rostro", así como manipulación de pruebas y procedimientos en violación a las garantías procesales.
En el caso de candidatos políticos, ese acoso judicial se habría constituido en un obstáculo para que la sociedad civil pudiera hacer efectivo su derecho al sufragio activo por medio de la selección de los candidatos de su preferencia para ser electos por el voto popular a cargos en el poder ejecutivo, legislativo y en el ámbito municipal", se desprende del argumento de la solicitud.
El documento cita como ejemplo los casos del exmandatario Ricardo Martinelli y del actual presidente José Raúl Mulino, quienes fueron acusados en sendos procesos penales y privados de su libertad personal por medio de detenciones arbitrarias. También menciona otros casos de exfuncionarios que, si bien deben estar sujetos a rendición de cuentas por sus funciones, han sufrido persecuciones penales en ausencia de la garantía de la independencia judicial y el debido proceso
Se menciona el caso de Martinelli, detenido arbitrariamente conforme a dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), lo que fue utilizada para inhabilitarlo como candidato a alcalde y diputado solo una semana antes de que se celebraran las elecciones pasadas y cuya persecución judicial culminó en una nueva inhabilitación a su candidatura presidencial para las elecciones generales últimas, mediante el dictado de una sentencia penal condenatoria firme notificada solo un día antes del inicio de la campaña oficial, en clara violación de garantías internacionales al debido proceso y a la independencia judicial", se puede leer en el documento.
Por ende, solicitan al Estado panameño información acerca de las medidas adoptadas para implementar los Principios Básicos para garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces, tribunales y autoridades del Ministerio Público, y garantizar que los acusados y sus abogados disfruten de todas las garantías procesales. Además, se solicita cualquier información y/o comentarios sobre las presuntas violaciones que han impedido o limitado el derecho a un juicio justo de las personas acusadas, principalmente en los casos conocidos como “New Business”, “Blue Apple” y “Odebrecth”.
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