Denuncian penalmente al director de la Autoridad Marítima

Dos denuncias penales fueron presentadas contra el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, por el presunto delito contra la administración pública.

Una de las denuncias indica que el administrador habría incurrido en prácticas anómalas con el ánimo de privilegiar a allegados en asuntos de transformación tecnológica y digitalización dentro de la gestión de los servicios que brinda la AMP.

"El administrador, con el propósito de intervenir en la contratación de empresas que serán seleccionadas en esta transformación tecnológica, ejerció presión en la exdirectora de la Dirección de Gente de Mar, logrando que la misma renunciara al cargo, por no alinearse con los intereses superiores", se detalla en la denuncia, presentada por el abogado David Bowen H.

De acuerdo con Bowen, tras esta renuncia, el administrador logró la designación de un nuevo director, quien de forma inmediata inició este plan de transformación tecnológica y habría adjudicado a una empresa, con supuestas afinidades en otros negocios con el actual administrador, el proyecto.

El denunciante agrega que la asignación de estas empresas se habría dado "a cambio de beneficios económicos personales o institucionales no autorizados".

Bowen, además, advierte sobre la presunta informalidad en la asignación de la empresa (mediante un correo electrónico), lo cual va en contra de la transparencia, eficacia y debido proceso en toda contratación pública, constituyéndose en malversación de fondos y uso indebido de recursos públicos.

Viáticos

La segunda denuncia penal interpuesta contra Roquebert y el asesor del despacho superior, Nodier Miranda, apunta a la supuesta disposición de fondos presupuestarios usados para viáticos y gastos de viaje con destino a actividades ante organismos internacionales.

Bowen alerta de que estas actividades, según el marco legal de la AMP, corresponden exclusivamente al director de Marina Mercante, quien es el representante autorizado ante foros marítimos internacionales.

"Los fondos fueron aprobados por el director de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, quien carece de competencia funcional para autorizar tales desplazamientos, incurriendo en una desviación de poder y uso indebido de recursos públicos", reseña la denuncia.

En la denuncia, Bowen también plantea que se ha observado un patrón de pagos repetidos y frecuentes a un consorcio, a pesar de que no hay avances claros en la obra ni una justificación adecuada de las cuentas que ha presentado el consorcio. La AMP justificaría los traslados de partidas con pagos a proveedores que no se ejecutan, mientras se redirigen los fondos a estos proyectos.