Desafíos económicos: Perspectiva de Moodys para Panamá
El informe resalta una situación económica desafiante y compleja para Panamá, sugiriendo que la resolución de esta controversia podría determinar el rumbo económico del país en los próximos años.
Moodys vaticina un inminente revés económico para Panamá tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum.
El fallo judicial amenaza con desviar el déficit del país, superando las metas fiscales establecidas para el año próximo. Moodys advierte que este fallo podría erosionar la confianza de los inversionistas y reducir drásticamente las perspectivas de crecimiento, planteando una seria preocupación para la economía panameña.
La cancelación del contrato ha desencadenado un revuelo en el panorama económico. Las protestas resultantes han perturbado la actividad económica, con pérdidas que superan los US$1.700 millones de dólares y que podrían disminuir el crecimiento del PIB en un 1% en 2023. Este impacto es significativo, considerando que se esperaba un crecimiento del 6% antes de los disturbios.
El análisis de Moodys también indica una posible afectación a largo plazo, con la Asamblea Nacional aprobando una moratoria sobre nuevos proyectos mineros en respuesta al litigio.
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El gobierno panameño, que anticipaba un ingreso sustancial proveniente del acuerdo con Minera Panamá, ahora se encuentra en una encrucijada. Se esperaba que la mina de cobre se convirtiera en la segunda fuente de ingresos más grande después del Canal de Panamá. Sin embargo, la anulación del contrato dejaría al gobierno con dificultades para alcanzar sus objetivos fiscales.
El presidente Cortizo manifesto la intención del gobierno de iniciar el proceso de cierre de la mina, mientras que First Quantum se muestra dispuesto a renegociar el contrato. No obstante, Moodys advierte sobre los obstáculos que podría enfrentar esta negociación debido a la fuerte oposición social a la mina y consideraciones políticas de cara a las elecciones generales de 2024.
La producción minera, que se esperaba contribuyera significativamente al PIB, ahora podría verse comprometida, lo que impactaría negativamente en el crecimiento económico del país.
Además, el riesgo de litigio en caso de cierre permanente de la mina agrega una presión financiera adicional al gobierno. Un fallo adverso tras un arbitraje internacional podría resultar en una carga financiera onerosa, debilitando aún más los indicadores fiscales y de deuda.
En este contexto, Moodys destaca riesgos elevados de gobernanza y la posibilidad de presiones fiscales persistentes derivadas del aumento en la masa salarial y el deterioro de las finanzas de la seguridad social. Estos factores, sumados a las tensiones sociales previas a las elecciones de 2024, podrían influir significativamente en la formulación de políticas en la próxima administración.
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