Docentes listos para marcha hacia la Asamblea

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"Cerca del 80 por ciento fue el ausentismo de los estudiantes a nivel nacional, que no acudieron a los centros educativos por el paro convocado, nos sentimos satisfechos con el resultado", dijo el dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof).
Sánchez indicó que el Ministerio de Educación no aceptará que el llamado a paro fue secundado mayoritariamente y denunció que educadores recibieron "amenazas e intimidación" por parte del Ejecutivo, que prometió aplicar descuentos y abrir procesos disciplinarios a profesores que participaran de la huelga, según el dirigente.
"Este fue un paro de 24 horas en las escuelas públicas, y mañana (martes) nos reincorporaremos, pero nos mantendremos vigilantes de cómo se desarrollaran los acontecimientos. Además, nos sumaremos el próximo miércoles a otras marchas que realizaran otras asociaciones que se manifiestan en contra del aumento de la energía", dijo Sánchez.
Varias escuelas públicas de la capital se vieron desoladas este lunes, con muy baja de población estudiantil, según pudo constatar Acan-Efe en un recorrido.
En la mañana piquetes de trabajadores de la construcción realizaron bloqueos temporales en las carreteras del país en apoyo al paro convocado por los gremios docentes, que también exigen mayor presupuesto para la educación pública y el pago de deudas por montos no especificados.
Para esta tarde está previsto que los educadores se manifiesten ante el Parlamento de Panamá contra el alza de la tarifa eléctrica, cuya suspensión, "en búsqueda de la tranquilidad social", fue anunciada el pasado viernes por el presidente panameño, Juan Carlos Varela.
Cerca del mediodía manifestantes frente a la sede de la estatal Universidad de Panamá, en la capital, entregó volantes contra del alza tarifaria, una situación que se repitió en extensiones de esa casa de estudios en las provincias centrales de Coclé y Veraguas.
El anuncio del ajuste, el pasado 5 de julio, provocó diversas protestas públicas así como el rechazo de gremios empresariales y de productores nacionales, que llevó al Ejecutivo a decidir que absorberá el costo del alza de la tarifa, que cifró en 60 millones de dólares, cuyos fondos espera recibir mediante una dispensa de 300 millones de dólares ya pedida al Parlamento.
Entre los argumentos para el rechazo del alza de la luz, que de acuerdo al ente regulador aplicaría solo para el 24,5 por ciento de los usuarios, está que afectará a sectores como la pequeña y mediana empresa y el comercio, lo que finalmente redundará en los precios de los bienes y servicios afectando especialmente a los más vulnerables.