Empresarios piden aplicar reciprocidad a Colombia por aranceles
En 2012 Colombia empezó a aplicar aranceles del 10 % a los calzados y textiles procedentes de la ZLC con el pretexto de combatir el comercio ilícito, lo que generó el reclamo de Panamá.
Las empresas de la Zona Libre de Colón (ZLC), situada en el Caribe panameño y la más grande del continente, denunciaron este miércoles que Colombia ha impuesto nuevas restricciones arancelarias a sus reexportaciones y pidieron al Gobierno de Panamá que aplique medidas de retorsión (reciprocidad).
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Las "restricciones al intercambio comercial" fueron aprobadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia a través del Decreto 1419 del 6 de agosto de 2019, que reglamenta la entrada en vigencia de los aranceles aprobados en su Plan Nacional de Desarrollo, precisó la Asociación de Usuarios de la ZLC (AUZLC).
Incluyen un incremento arancelario del 15 % al 37,9 % para las confecciones cuando el precio FOB (mercancía a bordo) declarado sea inferior o igual a 20 dólares, e "imponen" un arancel del 10 % ad valoren, más 3 dólares por kilogramo bruto, a las confecciones que tengan precios por kilogramo superior a 20 dólares, indicó el gremio panameño.
A juicio de los usuarios de la ZLC, nuevamente Colombia incurre en la aplicación de estas medidas "a pesar que en distintas ocasiones estas acciones que son discriminatorias para nuestro país han sido sustentadas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo que ha fallado a favor de los reclamos panameños".
Resaltaron que este aumento de aranceles no solo es visto por los empresarios de la ZLC como una "acción comercial negativa", sino también por empresarios colombianos agremiados en la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco) y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), quienes han interpuesto demanda de inconstitucionalidad.
Los empresarios consideraron que "ya es hora que Panamá actúe con fuerza para defender los intereses del país", e instaron al Gobierno Nacional "a ejecutar medidas de retorsión contundentes" a Colombia.
"A pesar de los obstáculos que Colombia impone afectando el intercambio comercial con Panamá, goza de una serie de beneficios en la jurisdicción de nuestro país, lo cual no es compatible con el principio de reciprocidad", remarcaron los empresarios.
En 2012 Colombia empezó a aplicar aranceles del 10 % a los calzados y textiles procedentes de la ZLC con el pretexto de combatir el comercio ilícito, lo que generó el reclamo de Panamá.
La disputa ha vivido varias etapas, incluido un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a favor de Panamá que obligó a Colombia a suspender ese arancel en 2016.
Colombia eliminó esa tasa pero aprobó varias medidas que endurecen los controles aduaneros y que, según las autoridades panameñas, dificultan de igual manera el comercio con la zona franca, donde operan 3.000 empresas dedicadas a la reexportación y trabajan cerca de 18.000 personas.
Panamá ha respondido elevando las tasas a algunas importaciones colombianas, entre ellas el café.
Además de la tensión bilateral, el conflicto arancelario ha provocado que Panamá mantenga suspendida ratificación de un tratado de libre comercio (TLC) con Colombia, suscrito en 2013.
Colombia es uno de los principales clientes de la ZLC, que se encuentra junto a la entrada Atlántica del Canal de Panamá y que representa el 8,5 % de PIB local.
El enclave ha vivido años de severa crisis debido principalmente a los aranceles colombianos y a la situación en Venezuela, otro de sus grandes compradores.
Los números de la zona franca, la segunda más grande del mundo después de Hong Kong (China), mostraron una en 2018, cuando el movimiento comercial alcanzó los 20.931 millones de dólares, un 6,5 % más que en 2017.