Exfiscal revela presiones de arriba para joder a RM en New Business
El exfiscal David Mendoza, quien instruyó parte del expediente del caso New Business, reveló que la procuradora Kenia Porcell y el secretario general del MInisterio Público, Rolando Rodríguez, ejercieron presiones para que aplicara medidas cautelares contra Ricardo Martinelli, a pesar de las condiciones especiales que éste mantenía como diputado del Parlacen y estar cubierto por el Principio de Especialidad.
Mendoza explicó que como en Panamá estaba vigente el Tratado de Extradición, que es Ley de la República, hizo actos encaminados a solicitar el levantamiento de esta regla con la que fue traído Martinelli al país.
"Si hice la solicitud para el levantamiento de la especialidad, lo hice para poder investigarlo, ya que sin eso no podría investigarlo", aseveró.
Luego de esto, Mendoza señaló qué desconoce que sucedió con esa solicitud hecha por su persona para el levantamiento de la especialidad a Martinelli.
¿Podia investigar e indagar a Martinelli sin lograr levantar esa excepcionalidad?, le preguntó la defensa de Martinelli y Mendoza -con 20 años de servicio en el Ministerio Público- dijo que sin eso "no se podía".
CPA: aportes de RM fueron lícitos
Ayer durante la audiencia, el contador público autorizado (CPA) y abogado, Anibal Guerrero certificó y dio fe pública que los fondos de Martinelli involucrados en la compra de Epasa, están 100% garantizado con la información que aparece en la carpeta del informe elaborado por el propio perito de la fiscalía, el subcomisionado Eliseo Abrego.
Guerrero dijo que en lo plasmado en el informe del perito Ábrego y por sus propias verificaciones no encontró ningún indicio que señale que los fondos que Martinelli aportó fueran ilícitos. Eran fondos de sus cuentas personales o empresariales, añadió.
Para cuantificar la participación accionaria de Martinelli, el CPA Guerrero utilizó dos escenarios, donde sería 14.44% y otra de 37%, pero conforme a los fondos que Martinelli aportó o prestó.
Sin embargo, reconoció que para comprobar la participación accionaria de Martinelli en Grupo Epasa, se requerían conforme a la Ley 32 de 1927 las acciones firmadas por el presidente de la compañía Ricardo Chanis y el secretario, pero el gerente Federico Brisky le respondió que el ahora testigo Chanis, nunca entregó esa documentación, ni de las actas de las reuniones de los accionistas.
Aníbal Guerrero también dejó claro que como perito no podía copiarse del informe que había hecho Ábrego a pedido de la Fiscalía, algo que le quiso insinuar el fiscal Emeldo Márquez, advirtiendo el CPA que eso sería una irresponsabilidad.
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