Exigen aclarar el estatus de Justo Castañeda en la ATTT
Tras el nombramiento de una nueva Secretaria General en la ATTT, crece la tensión por el paradero administrativo de Justo Castañeda.
Una denuncia anónima presentada ante la Defensoría del Pueblo exige que se investigue con urgencia el paradero y la situación administrativa de Justo Castañeda, quien fue enviado de vacaciones en abril pasado. La salida de Castañeda ocurrió en medio de la feroz polémica por el derogado Decreto Ejecutivo No. 10, el cual pretendía regular las plataformas digitales de transporte en Panamá.
El denunciante solicita formalmente a la defensora del Pueblo, Ángela Russo, que determine si Castañeda continúa ocupando el cargo de secretario general de la ATTT, dónde se encuentra físicamente y cuál es su estatus laboral real dentro de la institución. Según el escrito, el hermetismo de las autoridades vulnera el derecho de la ciudadanía a la transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
Proyecciones alarmantes: Conductores digitales serían las principales víctimas
La falta de claridad en la ATTT no es solo un problema burocrático; transportistas y expertos independientes ya se encuentran evaluando los daños colaterales. De reactivarse normativas restrictivas a espaldas de la ciudadanía, las proyecciones indican que más de 10,000 conductores de plataformas digitales en Panamá quedarían en el limbo, convirtiéndose en las primeras víctimas financieras de esta inestabilidad. Esto afectaría directamente el sustento de miles de familias panameñas y disminuiría drásticamente las opciones de movilidad para los usuarios.
La denuncia exige que la ATTT revele de inmediato el salario y los beneficios que recibe o recibía Castañeda, así como la resolución de su nombramiento. Además, se solicita investigar un posible conflicto de interés por presuntos vínculos económicos del exsecretario con organizaciones del transporte público en la provincia de Coclé.
El fantasma del Decreto 10 y el futuro de Uber e inDriver
El documento también pide esclarecer el listado actualizado de los certificados de operación en Coclé y si la entidad cocina en secreto nuevas regulaciones que dejen desprotegidos a los colaboradores de aplicaciones como Uber e inDriver.
De comprobarse que Castañeda mantenía relaciones activas con las prestatarias tradicionales mientras ejercía funciones reguladoras, el escándalo podría salpicar a altos mandos. Cabe recordar que el Decreto Ejecutivo No. 10, emitido el 16 de abril de 2026, obligaba a las plataformas digitales a someterse al aval de las prestatarias tradicionales para operar como "taxis de lujo".
Esta polémica medida fue derogada de forma expedita apenas cuatro días después por el presidente José Raúl Mulino, tras un masivo rechazo popular. Aunque en ese momento se informó que Castañeda salía de vacaciones, el denunciante asegura que la ciudadanía sigue esperando una respuesta oficial sobre si el funcionario regresó a sus funciones o si fue apartado definitivamente de la regulación del transporte en Panamá.
Finalmente, la denuncia solicita que, de hallarse irregularidades, la Defensoría del Pueblo remita el caso al Procurador General de la Nación para iniciar las investigaciones penales correspondientes por presunta corrupción institucional.
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