Gobierno defiende polémica tala de árboles en selva del Darién

Panamá- El Ministerio de Medio Ambiente de Panamá defendió hoy una polémica tala de árboles realizada recientemente en la selva del Darién, en la frontera con Colombia, y dijo que esa extracción de madera forma parte de unos planes de manejo sostenible aprobados hace años.
El ministro del ramo, Emilio Sempris, dijo este viernes a los medios que en el país existen una docena de planes forestales "con ciclos de aprovechamiento reconocido de entre 20 y 25 años" y explicó que estos son "instrumentos técnicos, legales y operativos que establecen los fines de la gestión de una determinada área".

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Sempris negó que los árboles talados fueran especies en peligro de extinción, según denunciaron varios medios locales esta semana, y aseguró que el ministerio tiene en funcionamiento un sistema de trazabilidad y control forestal que permitirá seguir la trayectoria de la madera.
"Si un árbol no tiene ese chip, por favor pongan la denuncia", instó el ministro tras un encuentro con activistas forestales.
El Ministerio de Ambiente, añadió, ha interpuesto 41 denuncias penales relacionadas con actividades ilícitas en el sector forestal, incluyendo denuncias a autoridades municipales en la provincia de Darién, y se encuentra formulando dos denuncias adicionales.
En el Darién, una intrincada selva que hace de frontera natural con Colombia, crecen especies de árboles altamente cotizadas en Asia, Estados Unidos y Europa como el bálsamo, la caoba nacional o el cocobolo, cuya extracción está prohibida desde hace varios años.
Desde 1980, además, es el parque nacional más grande de Centroamérica, con 579.000 hectáreas, que fue declarado Patrimonio Mundial en 1981 por la Unesco y Reserva de la Biosfera en 1982.
Según el Ministerio de Ambiente, el 96 por ciento de la madera que se saca de la provincia selvática de Darién, frontera natural entre Panamá y Colombia, se tala ilegalmente y se comercializa principalmente en Estados Unidos, Europa y Asia.
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), que está ayudando al ministerio a implantar el nuevo sistema, calcula que más de la mitad de la madera que se comercializa en Panamá es ilegal, unas cifras muy parecidas al resto de países de Centroamérica.