Gobierno fiscalizará organizaciones sin fines de lucro
Los fondos que reciban las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro (OSFL) de parte de instituciones del Estado serán considerados de naturaleza pública y estarán sujetos a seguimiento por parte del Ministerio de Gobierno, la Contraloría General de la República y demás autoridades pertinentes.
Esto está planteado en el decreto ejecutivo N.°62 del 30 de marzo de 2017, que reglamenta las OSFL en Panamá cuya personería haya sido reconocida por el Mingob.
Esta disposición, incorporada en el artículo 19 del decreto, busca cumplir con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi) en cuanto al fortalecimiento de mecanismos de transparencia financiera.
El decreto también plantea que el Mingob publicará en su portal web la lista de asociaciones o fundaciones inscritas en el registro que lleva su Dirección de Asuntos Jurídicos y Trámites Legales.
Además, plantea que las OSFL autorizadas por la DGI para recibir donaciones deducibles del impuesto sobre la renta, o que reciban fondos públicos para la ejecución de proyectos, o que realicen transferencias de fondos hacia el exterior deberán presentar -a partir del año 2018- un informe ante el Mingob, correspondiente al año anterior, sobre su domicilio, junta directiva vigente y balance financiero.
Los miembros de la junta directiva podrán ser personas naturales o jurídicas, panameñas y además se amplía la posibilidad de que se incluya a personas extranjeras. Se elimina la obligatoriedad de tener un espacio físico y se solicita contar con un domicilio para las notificaciones correspondientes.
Asimismo, se extiende el tiempo establecido para realizar el trámite (60 días iniciales y 15 días adicionales de ser necesario). El Mingob tendrá 30 días para emitir el resuelto donde se acepta o niega la personería jurídica. Además, el Ministerio de Gobierno, a través de convenios con universidades estatales, procurará facilitar el acceso a un abogado para los trámites de personería jurídica.
El decreto ejecutivo N.°62 lleva la firma del presidente Juan Carlos Varela y de la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, y salió publicado ayer en Gaceta Oficial.