Iglesia denuncia presuntos abusos y exige respeto a derechos de los reclusos
Las situaciones reportadas se han presentado principalmente en el Complejo Penitenciario La Joya, así como en cárceles de Colón, Chiriquí y Coiba.
La Iglesia Católica en Panamá, a través de la Pastoral Social Cáritas, la Comisión Justicia y Paz y la Pastoral Penitenciaria, expresó su profunda preocupación por las denuncias relacionadas con las condiciones que enfrentan las personas privadas de libertad en varios centros penitenciarios del país.
Según el comunicado, las situaciones reportadas se han presentado principalmente en el Complejo Penitenciario La Joya, así como en cárceles de Colón, Chiriquí y Coiba, tras la fuga masiva registrada en La Joyita el pasado 1 de junio de 2026.
Los organismos pastorales señalaron haber recibido denuncias de familiares sobre requisas presuntamente realizadas de forma desproporcionada, humillante y abusiva.
Entre las situaciones reportadas figuran el retiro de biblias, materiales religiosos, documentos para audiencias judiciales, útiles educativos, artículos de aseo personal, ropa, sábanas y otros bienes esenciales para la vida diaria dentro de los centros penales.
Además, manifestaron preocupación por reportes sobre escasez de agua potable, limitaciones en la alimentación, falta de medicamentos, dificultades para recibir atención médica y restricciones a las visitas familiares, conyugales y pastorales. También denunciaron la suspensión de programas educativos, capacitaciones, actividades laborales y espacios recreativos destinados a la resocialización de los internos.
La Iglesia recordó que toda persona privada de libertad conserva sus derechos fundamentales y su dignidad humana, independientemente de su situación jurídica. En ese sentido, pidió a las autoridades revisar los procedimientos de requisa para garantizar que se desarrollen dentro del marco legal y con respeto a los derechos humanos.
Entre las solicitudes planteadas destacan la restitución de artículos de higiene personal, ropa y materiales religiosos y educativos; el restablecimiento de los programas de estudio y trabajo; el acceso permanente a agua potable, alimentación adecuada y atención médica; así como la reanudación de la asistencia religiosa dentro de los centros penitenciarios.
Asimismo, solicitaron que organismos competentes en materia de derechos humanos y entidades independientes puedan verificar las condiciones actuales en los penales para constatar la situación denunciada.
La Iglesia Católica reiteró su disposición al diálogo con las autoridades y reafirmó su compromiso de acompañar espiritualmente a las personas privadas de libertad y a sus familias, al tiempo que abogó por un sistema penitenciario más humano y orientado a la resocialización.
Etiquetas