Imputan a exasesora legal de CONADES por presunto peculado doloso agravado
El caso gira en torno al supuesto incumplimiento de un proyecto estatal que debía construir unidades de sanidad básica en varias comunidades y que nunca se ejecutó como fue pactado.
Este sábado se llevó a cabo en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Santiago la audiencia de imputación de cargos, legalización de aprehensión y medidas cautelares contra Edisa Batista, quien durante la administración de Juan Carlos Varela fungió como asesora legal del programa del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES).
De acuerdo con la información expuesta en la diligencia judicial, Batista cuenta con amplia experiencia en contratación pública y ha ejercido funciones en diversas instituciones del Estado.
Según el padre de la imputada, el abogado Miguel Batista, el allanamiento realizado el pasado viernes en la residencia de su hija en la ciudad capital se efectuó “no de la mejor manera”, asegurando que la aprehensión ocurrió en circunstancias que, a su juicio, fueron innecesariamente abruptas.
La detenida fue trasladada hasta Santiago debido a que el caso investigado ocurrió en el distrito de Soná, provincia de Veraguas.
Según se conoció, la causa está relacionada con el presunto incumplimiento de un proyecto gubernamental durante el mandato varelista, mediante el cual un empresario de origen asiático debía construir unidades de sanidad básica para varias comunidades.
El contrato, valorado en alrededor de medio millón de dólares, no se habría ejecutado conforme a lo pactado.
El abogado de CONADES, Navilla Bravo, señaló a Batista como presunta responsable del delito de peculado doloso agravado. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, representada por el fiscal Elvis Coronado, presentó ante la juez de garantías Anayansi Vásquez los elementos que sustentan la investigación en curso.
Tras escuchar los argumentos de las partes, la juez Vásquez decidió imputar el delito de peculado doloso agravado, legalizar la aprehensión y ordenar como medida cautelar que la imputada deba reportarse cada día 30 de mes y que no podrá salir del país. El tribunal estableció un plazo de seis meses para el avance de las investigaciones.
Durante la audiencia, Edisa Batista estuvo representada por su hermano, el abogado Porfirio Batista, y por su padre, Miguel Batista, quienes cuestionaron la manera en que se realizó el operativo de captura.
Las autoridades continúan recabando información para esclarecer responsabilidades en torno a un proyecto que buscaba mejorar las condiciones de vida de hogares en comunidades vulnerables de Veraguas.
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