Irma admite fracaso financiero y le mete tijera a las juntas comunales
La bomba estalló durante la sesión del Consejo Municipal, donde la alcaldesa anunció que desde agosto las partidas ya no serían iguales para todos los corregimientos
La crisis financiera del Municipio de San Miguelito explotó este martes. Tras reconocer que las estrategias para aumentar las recaudaciones no dieron resultado, la alcaldesa Irma Hernández ordenó un tijeretazo de hasta el 80% en las partidas de funcionamiento de las nueve juntas comunales, desatando una rebelión entre los representantes de corregimiento.
La bomba estalló durante la sesión del Consejo Municipal, donde la alcaldesa anunció que desde agosto las partidas ya no serían iguales para todos los corregimientos, sino que se repartirían tomando en cuenta la población, el tamaño y los niveles de pobreza.
El golpe fue brutal. Mateo Iturralde pasó de recibir $28 mil mensuales a apenas $3 mil; Victoriano Lorenzo quedó con $4 mil; Arnulfo Arias bajó a $7 mil y Amelia Denis de Icaza a $12 mil.
Las reacciones no se hicieron esperar. El representante de Arnulfo Arias, Elvis Carda, aseguró que con $7 mil es imposible mantener la operación de la junta comunal y atender a una población golpeada por el desempleo y la pobreza.
Más contundente fue la representante de Victoriano Lorenzo, Sheyla Grajales, quien advirtió que con apenas $4 mil mensuales podría verse obligada a cerrar la junta comunal por primera vez en la historia.
"Lo más fácil fue recortarle el presupuesto a las juntas comunales y perjudicar a la población, en vez de reducir el gasto del municipio como manda la ley", disparó.
El presidente del Concejo Municipal, Juan Barsallo, representante de Mateo Iturralde, dijo que no cerrará la junta, pero reconoció que con esos recursos será imposible responder a las necesidades de la comunidad. Incluso pidió que quienes quieran hacer donaciones las lleven al corregimiento.
Barsallo también dejó caer que los corregimientos gobernados por representantes afines a la alcaldesa fueron los menos golpeados por el recorte y cuestionó que la decisión no pasara por la Comisión de Hacienda, como establece la normativa.
La sorpresa fue tal que ni el propio tesorero municipal, Porfirio Luna Espino, sabía del recorte. Admitió que se enteró al mismo tiempo que los representantes durante la sesión del Consejo.
El malestar aumentó porque el Decreto Alcaldicio No. 10, utilizado para justificar las medidas de austeridad, señala expresamente que las restricciones no son aplicables a las juntas comunales.
Pese a dos moratorias tributarias y un plan de contención del gasto, el municipio arrastra un déficit cercano a los $500 mil mensuales. Las proyecciones apuntan a que, si no se toman medidas extraordinarias, el colapso financiero podría llegar en octubre.
Irma Hernández calificó la decisión como "muy difícil" y volvió a responsabilizar a las administraciones anteriores por la crisis económica, aunque ya cumple dos años al frente del municipio. También admitió que las iniciativas impulsadas por su administración para aumentar las recaudaciones simplemente fracasaron.
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