Kenia Porcell se aferra a su cargo en la Procuraduría

La procuradora general de la nación, Kenia Porcell, se aferra a su cargo como jefa del Ministerio Público (MP).

Durante una entrevista que concedió a Telemetro Reporta reiteró que no renunciará a su cargo y que para sacarla tendrán que hacerlo a través de la vía legal.

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Sugirió que pueden incluir en las reformas constitucionales que se acorte el periodo de la procuradora y que sea de cinco años, y si a pesar de esto, dado que la ley va hacia adelante y no tiene efecto retroactivo, aún insisten en sacarla, "bueno entonces pongan una excepción y digan excepto el cargo de la procuradora y me saquen, pero por ley, yo no voy a renunciar, no tengo porque hacerlo".
En dicha entrevista, Kenia Porcell manifestó que el puesto que ocupa como procuradora está siendo pretendido por dos grandes empresarios del país.
La jefa del Ministerio Público también arremetió contra el actual director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el comisionado Manuel Castillo, quien mandó de vacaciones a personal de la Policía Nacional que trabajan en investigaciones de supuestos casos de alto perfil.
La procuradora volvió a reiterar que con la decisión que se tomó, de enviar de vacaciones a estos funcionarios, técnicamente están desmantelando a la fiscalía.
Kenia Porcell insiste en estas afirmaciones a pesar de que fueron desmentidas por el propio presidente Laurentino Cortizo, quien catalogó como falso que se estén desmantelando las fiscalías.
Laurentino Cortizo dijo de forma enfática, antes de su viaje a Estados Unidos, que la decisión de cambiar a funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial que cumplían tareas en el Ministerio Público obedece a un derecho constitucional de acogerse a sus vacaciones.
El mandatario también indicó que el ministro de Seguridad, Rolando Mirones, le explicó que los agentes de la Dirección de Investigación Judicial asignados a funciones de apoyo en investigación judicial en el Ministerio Público, tenían cinco años que no tomaban vacaciones, lo que es un derecho constitucional de todo servidor  público del país.