La minería, ¿el nuevo modelo de desarrollo económico?

Cuando se conversa con el consultor laboral, René Quevedo, se suele escuchar que el modelo económico basado en el eje canalero se agotó.  Y es que, era el Canal de Panamá esa fuente inagotable, ya que desde el año 2000 ha aportado en forma directa al Tesoro Nacional más de 13,300 millones de balboas, y con el incremento de tránsitos y de carga gracias a la ampliación, hay mayores recursos para el país para la inversión en obras sociales (de acuerdo con datos publicados en 2018).

Sin embargo, desde el 2011, con el inicio de la construcción del proyecto Cobre Panamá y su primera exportación de cobre en 2019, se le sumó un nuevo modelo económico que acaparó la atención: la minería.

Precisamente, para la calificadora estadounidense, Moody 's, Panamá tiene perspectivas de crecimiento favorables para el 2023 al 2025, tomando como base varias actividades, entre ellas, el aumento de la producción minera.

Según un informe del Centro Nacional de Competitividad sobre minería, publicado en el 2020, Panamá cuenta con un importante potencial minero, pues tiene reservas de metales de calidad mundial, que podrían aprovecharse de forma responsable, lo cual aportaría a la economía del país.

Dicho informe apunta también que el atraer inversión minera y crear el clima de negocios adecuado (visión a largo plazo, seguridad jurídica y fiscal que permita acuerdos con el Estado y no con gobiernos, estabilidad política, etc.) para el desarrollo de la actividad, sería valioso para el país.

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Por lo anterior, desde Cobre Panamá, el proyecto de inversión extranjera más grande en la historia del país, recuerdan constantemente que su inversión en Panamá asciende los $10 mil millones a la fecha.

Para ser específicos, se ha invertido en el desarrollo de una mina, puerto internacional, planta de energía, planta de procesamiento y carreteras, que estarán en funcionamiento durante al menos 35 años, y que generan 39,000 empleos formales (directos e indirectos), con 1,850 proveedores de servicios por compras aproximadas de $600 millones al año.

Según los datos proporcionados, más del 90% de la fuerza laboral de esta mina es panameña, desde gerentes, supervisores, operadores y el 13% de todo el personal son mujeres.

También destacan su aporte de más de 100 millones de dólares anuales a la Caja de Seguro Social (CSS) y  entre el 3.5% y 4 % al PIB.

Detrás de los números hay miles de profesionales que han encontrado en la mina el sustento para sus familias, por lo que,  lo que ocurra con la mina les preocupa.

De hecho, el Gobierno panameño anunció en enero un nuevo Contrato Ley entre el Estado y Cobre Panamá, y en marzo dio a conocer los acuerdos para la firma de dicho contrato, cuya fecha tope es a más tardar el 14 de diciembre de 2022.

Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), dijo que es preocupante “las fechas que se dan, porque, al final, cuando uno analiza, el tema de la nota que manda el Estado, uno dice: ¿qué va a pasar el día después?, llega el día 14, ¿qué va a pasar?, ¿va a venir una expropiación?, ¿va a venir otro administrador del proyecto?, ¿las consecuencias?, y esas interrogantes lo llevan a uno en el camino de la preocupación”.

A juicio de Castillo, es esencial enviar un mensaje de confianza, porque se puede  desarrollar un modelo económico que traiga inversión al país.

La misma inquietud expresó Elisa Suárez, expresidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), quien recordó la importancia de contar con seguridad jurídica en el país, por lo que “tiene fe”, en que el 14 habrá una definición con Cobre Panamá sobre el futuro del proyecto, porque, “¿qué pasa si no hay un acuerdo?, ¿vamos a hablar de expropiación?, esa no es una opción”.