La muerte de Paola Chávez evidencia la deuda del sistema en prevenir femicidios
A pesar de una disminución del 17% en los casos de femicidio registrados entre enero y julio de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, la muerte de Paola Chávez Aguirre (36), estrangulada con un cable por su expareja en La Chorrera, evidencia la urgencia de fortalecer la prevención y la respuesta institucional ante la violencia de género.
Según datos del Ministerio Público, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 10 femicidios —cifra a la que se suma el de Paola ocurrido el pasado 3 de septiembre, en su casa, ubicada en Alto de Las Praderas— y 12 muertes violentas de mujeres.
Aunque estas cifras reflejan una mejora respecto a 2024 —año que cerró con 24 feminicidios—, expertos en derecho y criminología advierten sobre fallas críticas en la implementación de la Ley Nº 82 de 24 de octubre de 2013, que tipifica el femicidio y establece medidas de protección para las mujeres.
La Ley 82 define el femicidio como "causar la muerte a una mujer basada en la pertenencia al sexo femenino, por causa de la discriminación o cualquier otra forma de violencia" (art. 4, num. 7). Además, establece derechos fundamentales para las víctimas, como la no confrontación con el agresor, la confidencialidad y el acceso a medidas de protección inmediatas (art. 14) —derechos que, según el criminólogo Ariel Bethancourth, son vulnerados con frecuencia—. La norma también crea fiscalías especializadas que deben operar las 24 horas (art. 57) y un registro de agresores para evaluar riesgos.
Voces expertas: críticas y propuestas
Sobre este tema, el criminólogo Ariel Bethancourth señaló que, aunque existen avances, persisten graves deficiencias:
La orientación a víctimas y la confidencialidad han mejorado, pero aún hay deficiencias en la valoración del riesgo.
"El registro de agresores no siempre se consulta de forma sistemática, lo que limita la prevención efectiva", indicó.
Destacó que los protocolos para evitar la revictimización son desiguales y sufre por la falta de capacitación especializada y sensibilización en el sistema judicial. "El mayor obstáculo es la falta de sensibilización en todos los niveles del sistema judicial", dijo.
Aseguró que, aunque existen fiscalías habilitadas, su capacidad de respuesta varía según la región. "En áreas urbanas funcionan mejor, pero en zonas rurales hay limitaciones logísticas y de personal que afectan la atención inmediata".
Entre los factores de riesgo para el femicidio, mencionó la escalada de violencia física, el control coercitivo y las amenazas de muerte.
Por su parte, el abogado penalista Vidal Pérez criticó duramente al Ministerio Público (MP). "Hay una deshumanización. El MP no está cumpliendo con su rol de proteger a las víctimas".
Cuestionó la falta de aplicación de medidas cautelares efectivas, como la detención preventiva en casos de riesgo inminente, y alertó sobre la necesidad de una coordinación real entre el MP y la Policía Nacional. "Si en un barrio o sector hay un hombre con brazalete electrónico por tema de violencia doméstica, las unidades de la estación de policía cercana deben tener conocimiento de ello para que, cuando la alarma del dispositivo se active, acudan de inmediato a atender el caso, pero para ello el Ministerio Público debe contar con la suficiente capacidad de detectar cuando realmente la víctima está en un riesgo inminente", resaltó.
Pérez también destacó que el problema del femicidio es cultural y requiere un abordaje integral que incluya rehabilitación de agresores y apoyo socioeconómico a las víctimas.
Prevención: Tecnología y capacitación
Ambos expertos coincidieron en la urgencia de implementar tecnología predictiva en el registro de agresores, capacitar continuamente a funcionarios en enfoque de género y derechos humanos, usar dispositivos como brazaletes electrónicos para monitorear a agresores y alertar sobre violaciones de medidas de protección.