Mano peluda en caso Buko Millonario
El contrato de Buko Millonario fue anulado por la Junta de Control de Juegos del (JCJ) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en agosto del 2014, un mes después de que entró la administración Varela, alegando que la concesión se había otorgado de manera indebida. El concesionario, Grupo de Inversión Mundial, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Ministerio Público (MP) inicia una investigación en octubre 2015 alegando que hubo tráfico de influencia en el otorgamiento de la concesión de Buko Millonario.
En diciembre del 2015, el MP inicia una segunda investigación del contrato (doble juzgamiento) por una denuncia que presenta Saverio Grandi Aguiciotti, representante de la empresa Gaming Global Corp, quien alegaba que también había solicitado la concesión del bingo televisado y la cual fue rechazada por la JCJ. En base a esta denuncia ahora la Fiscalía alegó que se dio un delito contra la fe pública, porque supuestamente no se pudo comprobar la experiencia previa del equipo ejecutivo de la empresa Grupo de Inversión Mundial, porque las hojas de vida no vinieron en papel membretado de ninguna empresa, pero si vinieron apostillados de Chile y Perú, países donde el bingo televisado tiene mucho años de existir.
El juez del segundo caso de Buko Millonario, Leslie Loaiza, dictó un sobreseimiento provisional sobre la investigación de delito contra la fe pública, porque no se probó perjuicio al Estado, todo lo contrario según una auditoria del propio MEF el Estado recibió un beneficio de cerca de $1 millón que pago el concesionario. Según el juez, tampoco se probó que los funcionarios acusados habían hecho algún acto de corrupción por la aprobación de dicho contrato porque ni se les acusó de haber recibido algún tipo de compensación. Los imputados eran Frank De Lima, Giselle Brea, Felipe Icaza y Sergio Chello Galvez, todos miembros del pleno de la Junta de Control de Juegos.
El MP apeló la decisión del juez y el Tribunal Superior ordenó una audiencia. que se programó para marzo del 2020,pero en ese ínterin el juzgado (decimoquinto) fue cerrado y la audiencia no se dio hasta el 11 de marzo del 2021. En ese periodo, la empresa Gaming Global Corp. quien había hecho la denuncia por parte de su representante Saverio Grandi Aguiciotti, desistió de su queja ante la JCJ. También se decretó prescripción de la otra investigación que realizaba e MP del contrato de Buko Millonario por el supuesto delito de tráfico de influencias. Esto lo hizo la CSJ.
También en enero del 2020 la CSJ,de justicia mando archivar la denuncia contra el diputado Chello Galvez que también estaba imputado en la investigación por falta de prueba idónea.
En la audiencia, el 11 de marzo del 2021, la fiscalía solo argumentó que no se había comprobado la experiencia de la concesionaria y que eso afectó a la otra empresa que había solicitado la concesión. La defensa de los tres imputados alegó que se cumplió con todos los procedimientos que establece la ley e incluso entregó los documentos en papel membrete que la fiscalía había objetado.
Ahora siete meses después de la audiencia de dos horas, el Juzgado Segundo Liquidador falla que sí hubo un delito contra la fe pública. Los imputados anunciaron su apelación. Los defensores alegan que todo indica que hubo mano peluda en la decisión de la juez.
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