Ministerio Público encubre a Sergio Davis

Sergio Davis Riera, quien se identifica como supuesto agente de la embajada de Estados Unidos, sigue burlando la justicia panameña a casi tres años que se allanara una casa en Parque Lefevre registrada a su nombre y en donde se encontraron 70 armas, de las cuales 20 no tenían permiso; y otras se encontraron con el número de serie limado. Otros califican a Davis como un estafador vinculado a funcionarios de gobierno que le permiten sus actividades ilegales.

Parte de las armas también fueron identificadas como nuevas en su caja, a pesar que estaba en vigencia la veda de importación de armas al país. Ello indicaría que Davis estuvo y está conectado a los estamentos de seguridad del varelismo y autoridades del actual gobierno del más alto nivel.

A pesar de ellos se abrió una investigación por tráfico ilegal de armas en el Ministerio Público que hasta ahora se ha tratado de encubrir tanto a nivel del ex ministro de seguridad Rolando Mirones como del jefe de la Dirección de Investigación Judicial, Manuel Castillo.

Detrás del caso donde supuestamente operaba una agencia de seguridad llamada Brentwood Logistics and Securitiy Company, hay varias anomalías que nunca se reportaron en el informe oficial como las salas de monitoreo, una pared doble fondo, un panel de servidores y el hallazgo de una supuesta máquina de interceptación telefónica que fue llevada a la sede de la DIJ.

Todo dentro de una casa con más de 11 puertas de metal o seguridad a su interno que tuvieron que ser forzadas con las llamadas “patas de cabra” en el operativo.

También se encontró una computadora DELL, modelo E6420 XFR, diseño militar reforzado en cubierta de acero con disco duro encriptado utilizada para resguardar datos de manera segura, revela el informe de inteligencia. Esta computadora no fue incluida en el acta del allanamiento, debido a la presión que recibió el fiscal y las unidades policiales que ejecutaron el operativo.

Las ordenes de encubrir el caso también se dieron desde los mandos superiores del Ministerio Público, revela un informe de inteligencia que llegó a este medio de comunicación.

El documento sostiene que el entonces fiscal superior del Crimen Organizado, David Mendoza, también recibió llamadas de parte de superiores en el Ministerio Público debiendo sustentar la diligencia, lo que a la postre le costaría su traslado a Bocas del Toro. El caso fue trasladado al fiscal de circuito, José González, quien también ha sido cuestionado por el poco avance de la carpetilla 201900056966.

A pesar de todos estos intentos de proteger a Davis, las pruebas del caso son contundentes para ignorarlas a primera vista. Incluso, el caso tiene registros en varias entidades policiales como la dirección institucional en asuntos de seguridad pública, a cargo de Carlos Prosperi.