Ministros defienden el ‘Guantánamo’ de Varela
El ministro Rubio reconoció que se debió recurrir a este centro porque el crimen organizado ha pretendido utilizar los centros penitenciarios del país para operar.
Ministros defienden el ‘Guantánamo’ de Varela
Por: Yorlenne Morales/Crítica -
Los ministros de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio, y el de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, defendieron la reapertura de la cárcel insular de Punta Coco, cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero que ahora venden como un “centro de detención preventiva para privados de libertad de peligrosidad extrema”.
Rubio reconoció que se debió recurrir a este centro porque el crimen organizado ha pretendido utilizar los centros penitenciarios del país para operar “y esto es algo que como autoridad debemos frenar”.
Alegó que con nuevas adecuaciones se respetan las normas nacionales y estándares internacionales de derechos humanos, rehabilitación y seguridad.
El ministro detalló que son 6 celdas con sistema de ventilación, con capacidad para dos personas cada una, cancha deportiva para las horas de patio, gazebo para capacitaciones, clínica equipada y personal que garantiza la salud de los privados de libertad, muelle de embarque y desembarque y puntos de controles de seguridad externa e interna para las visitas, además de servicio de electricidad y agua potable.
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Ayer el abogado Kevin Moncada interpuso en la Corte Suprema de Justicia un “habeas corpus” a favor de 12 reos que fueron sacados el lunes del sector C de la cárcel La Mega Joya para enviarlos a Punta Coco.
Los reclusos trasladados fueron José Cossio, Azael Ramos, Ismael Cueto Bethancourt, alias “Ismael el Grande”; Germán Eliécer Chanis, alias “Fakir”; Luis Manuel Hernández Ureña, alias “Ninín”; Ricaurte Villasanta Restrepo, Ismael Enrique Brown Yau, alias “Chino Candanedo”; Carlos Mosquera, Manuel Antonio Maclao Jordán, Eliécer Aikman Chanis y Héctor Moisés Murillo, alias “Moi”.
En su “habeas corpus”, el abogado Moncada advierte que el penal insular es violatorio de los derechos humanos porque no cuenta con agua potable, las chitras se comen a los reos, no hay visitas conyugales, no hay contacto permanente con los defensores ni con los familiares.
El presidente del Colegio de Abogados, Dionisio Rodríguez, consideró que ese tipo de penales vulnera los derechos humanos fundamentales de los reclusos. “Creíamos que habíamos superado esto cuando se eliminó Coiba”, aseveró.
