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Mujer desalojada ilegalmente no quiere regresar a su antigua casa por temor
El Miviot dijo que le brindó asistencia y se espera conocer cuál será la sanción que se le imponga a la arrendadora que incumplió con el Decreto Ejecutivo
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) advirtió este jueves que serán enérgicos en la aplicación de las normas, para proteger a la población vulnerable que sea víctima de un desalojo ilegal, sin embargo indicó que no
El caso de Rosa
Específicamente sobre el caso de Rosa Camaño, desalojada con sus hijos en Alcalde Díaz, el subdirector de Arrendamientos Raúl Polo del Miviot,indicó que el personal de esa Dirección y la oficina regional de Panamá Norte se apersonó a este corregimiento capitalino en compañía de unidades de Policía Nacional por instrucciones del Juzgado de Paz, para brindar la asistencia respectiva.
Polo contó que Camaño fue desalojada de forma arbitraria e ilegal por parte de su arrendadora en horas de la madrugada, y a pesar de que la juez de Paz correspondiente había ordenado el reintegro a la vivienda, se desacató la orden.
“Se tomaron todas las medidas necesarias a fin de procurarle a la señora las mejores condiciones para que volviera a la propiedad, sin embargo, como se trata esto de otra autoridad competente que es el Ministerio Público tuvimos que suspender las acciones”, señaló.
Asimismo, relató que como la afectada manifestó que no tenía intenciones de mantenerse en esa casa por la seguridad de ella y sus hijos, se le brindó asistencia y colaboración para trasladarla a otro lugar de manera provisional para que no durmiera en la calle.
El subdirector de Arrendamientos informó que se han confeccionado diferentes informes con la finalidad de proceder de manera enérgica con las sanciones que se le vayan a imponer a la arrendadora.
El Miviot mantiene un registro de unas 10 mil consultas, quejas, orientaciones, asesorías y reportes sobre arrendamiento, de las cuales 300 casos de intentos de desalojo han sido resueltos de forma positiva.
A la fecha, van 25 acuerdos de pago registrados formalmente por conflictos en las mensualidades de los alquileres entre arrendatarios y arrendadores en medio del Covid-19, una opción de solución estipulada en el Decreto Ejecutivo No. 145 de 2020.