Nuevo negociado de la AMP apunta a empresa de Chipre

Los escándalos de irregularidades y malos manejos desde la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) no tienen fin en esta administración a cargo de Noriel Araúz.

Contratos directos a empresas de amistades cercanas, denuncias de extorsiones a dueños de barcos, alteración de datos para registrar buques y la peor caída del registro panameño de barcos, son parte de los escándalos que ha sufrido la institución durante esta gestión. Todo ello mantiene al sector marítimo en alerta roja, y en medio de demandas que están en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Araúz, a través de su director de Gente de Mar, Juan Maltez, emitió la circular N. DGGM-038 que obliga a todos los centros de formación marítima autorizados por la AMP a pagar entre 5 y 20 dólares por cada certificado que haya o vaya a emitir a solicitud de los marinos que laboran en los 8,653 barcos de bandera panameña. Este negocio representa más de 6 millones de dólares al año.

Todo este dinero deberá depositarse directamente a favor de una empresa dedicada al servicio externo de base de datos en línea, la cual concentrará toda la información de los marinos que abordan los barcos de bandera panameña.

Sin embargo, fuentes oficiales revelaron que todos los requisitos que la AMP estableció en abril pasado para aplicar como proveedor de servicio externo de software de base de datos estarían hechos a la medida de una empresa ya predeterminada.

Hasta la fecha solamente la empresa Electi DLT Limited, registrada en Chipre el 18 de marzo de 2021, ha presentado su solicitud para convertirse en el primer proveedor de servicio de almacenamiento de data en línea para la AMP y acaparar el negocio creado.

Electi DLT Limited cumplió exactamente dos años de vigencia en marzo de este año. Precisamente un mes antes de que la AMP emitiera la resolución creando el nuevo negocio y poniendo como pre-requisito los dos años de experiencia.

La AMP estableció que las empresas que soliciten ser proveedor deberán presentar “las certificaciones donde conste que poseen experiencia mínima de dos años, brindando el servicio de software de base de datos en las entidades gubernamentales o empresas privadas dentro del sector marítimo”.

Incluso, el administrador de la AMP se aseguró que la facturación de la empresa sea inmediata. La resolución obliga a los centros de formación a pagar la nueva tarifa a partir de que el primer proveedor sea autorizado a dar el servicio externo de software de base de datos en línea, que permita verificar la vigencia de los certificados emitidos por los centros de formación a cada marino en un barco de bandera panameña.

En la fórmula de pago, la empresa proveedora del software también sale ganando al máximo. La resolución N. DGGM-038 establece que los centros de formación deberán pagar a esta nueva empresa una tarifa no superior a 20 dólares por cada certificado emitido a la gente de mar de nacionalidad extranjera. De este monto, solamente 5 dólares corresponden al pago de la tarifa que deben pagar los centros de formación a la AMP por cada certificado.