Odebrecht: un caso con destino distinto entre Brasil y Panamá
La defensa cuestiona que la Fiscalía utilice en Panamá pruebas del caso Odebrecht anuladas en Brasil, argumentando violación del debido proceso y falta de plena prueba penal contra el expresidente.
La audiencia ordinaria del caso Odebrecht en Panamá dejó en evidencia que, aunque se trata de la misma constructora y trama investigada en países como Brasil, el manejo judicial ha sido distinto. Mientras en la nación suramericana el Supremo Tribunal Federal anuló procesos e invalidó pruebas claves por considerar que estaban viciadas y violaban el debido proceso, a nivel local la Fiscalía Anticorrupción pretende que el fallo de la jueza Baloisa Marquínez se sustente en esas mismas evidencias.
El litigio contra la compañía, derivado del caso Lava Jato, fue anulado en su totalidad en Brasil. Las pruebas presentadas para sustentar la teoría fiscal quedaron sin valor jurídico, lo que supone que no pueden ser utilizadas para fundamentar un juicio apegado a derecho.
Las investigaciones para inculpar a empresarios, políticos y funcionarios brasileños, según el magistrado José Antonio Días Toffoli, estuvieron plagadas de irregularidades. Se adoptaron medidas arbitrarias en la conducción de los procesos, lo que derivó en el uso indebido de evidencias, problemas de competencia territorial y falta de imparcialidad judicial.
Estas inconsistencias vuelven a tomar relevancia porque en Panamá la Fiscalía Anticorrupción ha sustentado su hipótesis de presunto blanqueo de capitales en las evidencias brasileñas, pese a que fueron declaradas inutilizables. No obstante, la restricción podía levantarse si se informaba sobre la finalidad y uso de las pruebas, para lo cual se estableció un periodo de 60 días, sin que se obtuviera respuesta.
Ante este escenario, la defensa sostiene que se estarían repitiendo anomalías similares a las detectadas en Brasil. Durante la fase de alegatos, el abogado Carlos Carrillo Gomila solicitó la absolución de su cliente, el expresidente Ricardo Martinelli, argumentando que para inculpar a una persona se requiere plena prueba penal, requisito que —según dijo— la Fiscalía no ha cumplido.
El letrado también mencionó que el magistrado Días Toffoli extendió su fallo de nulidad al exmandatario, señalando que las pruebas desestimadas en Brasil no pueden ser valoradas por el tribunal panameño.
Agregó que aún está pendiente que la Corte Suprema de Justicia resuelva la demanda de inconstitucionalidad contra la sentencia del caso New Business, en el que se acusa a Martinelli de supuesto blanqueo de capitales, presuntamente sin respetar el Principio de Especialidad con el que fue extraditado desde Estados Unidos.
Carrillo Gomila recordó que el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha recibido ninguna solicitud relacionada con el levantamiento de esta restricción. Por lo tanto, sostuvo que Martinelli no puede ser juzgado por un delito ajeno a los contenidos dentro del acuerdo de extradición, norma que —afirmó— no ha sido respetada por las autoridades judiciales.
La defensa del expresidente espera que la decisión de la jueza Marquínez, quien se acogió al término que establece la ley, respete el debido proceso y el amparo de su cliente; de lo contrario, no descartan llevar el caso a instancias superiores.
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