Organizaciones populares se declaran en estado de alerta
La alianza indicó que utilizarán todos los recursos, incluida una demanda de inconstitucionalidad ante la ilegalidad que representa la aprobación de un proyecto en sesiones regulares de la Asamblea, que no fue aprobado en las sesiones extraordinarias.
Las organizaciones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida llamaron a un verdadero diálogo sobre los cambios a la Caja de Seguro Social (CSS) y alegan la Comisión de Salud y Trabajo de la Asamblea Nacional faltó a su palabra de discutir artículo por artículo del proyecto de Ley 163 y consensuar las propuestas emitidas en consultas por todo el país.
Además, instaron a que las sesiones se desarrollen de cara al pueblo y en deliberaciones que puedan ser televisadas con presencia de expertos de la Organización Internacional del Trabajo y donde se presenten las sustentaciones económicas y financieras.
En respuesta a la convocatoria del Legislativo para votar hoy el primer bloque de 50 artículos de la iniciativa, la alianza denunció que al parecer los diputados han sido sometidos a las presiones, amenazas y chantajes del Gobierno para imponer su voluntad.
Entre los aspectos que señalan es que se mantiene el nombramiento a dedo por parte del presidente de turno de miembros de Junta Directiva y Director de la CSS, así como no contempla la imprescriptibilidad del robo de cuotas aportadas por los trabajadores.
También indican que hay diputados y bancadas dispuestos a apoyar el aumento de la edad de jubilación y la privatización de los fondos de todos los programas de la CSS, lo cual es totalmente contrario a lo expresado por el pueblo que exige retomar y fortalecer el sistema solidario y la no privatización y disminución de las pensiones.
La alianza indicó que utilizarán todos los recursos, incluida una demanda de inconstitucionalidad ante la ilegalidad que representa la aprobación de un proyecto en sesiones regulares de la Asamblea, que no fue aprobado en las sesiones extraordinarias para las cuales fueron convocadas por el Ejecutivo en noviembre y diciembre de 2024.
“Nos declaramos en estado de Alerta Máxima, y convocamos al pueblo panameño a desarrollar acciones y movilizaciones para impedir el robo del siglo”, subraya la declaración.
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