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A Panamá el dinero ahora le cuesta tres veces más

Recientemente, se dio a conocer que el financiamiento del proyecto de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal se pactó a una tasa de interés del 9.30%. El costo total de la obra será de $1,371 millones.

La tasa fijada triplica el 2.83% pactado para la emisión de $2 mil millones efectuados en julio 2019 por la Administración Cortizo. En esa fecha, el saldo de la deuda pública era $26,612 millones. Al 30 de junio de 2024 fue $51,812 millones.

En 5 años, se duplicó la deuda y triplicó el costo del dinero. Mientras que el porcentaje de ingresos del Gobierno Central que van al pago del servicio de la deuda pasó de 12% a 24%

Se triplicó el costo del dinero ¿eso qué implica?

El 9.3% no es sorpresa. En febrero 2024 (un mes antes de que Fitch Ratings nos quitara el Grado de Inversión), el Gobierno Cortizo salió al mercado con una emisión $3,100 millones a tasas de 7.50%, 8.00% y 7.875%. Era previsible que el pronunciamiento de Fitch elevaría el perfil de riesgo país y el costo del financiamiento internacional. Hoy somos un país más riesgoso que hace un año.

En una economía de “informales y funcionarios”, que enfrenta una severa contracción del consumo y restricción del circulante (no hay “chen chen” en la calle), que depende del financiamiento externo, ante la dificultad (por no decir incapacidad) de generar ahorros, el encarecimiento del dinero para el Gobierno limita su capacidad para poder invertir en obras que generen empleo.

Por otro lado, en el contexto de la discusión que se viene llevando a cabo con relación a la crisis financiera del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la alta dependencia del Estado del endeudamiento, aquellas propuestas que sugieren una mayor intervención del Estado probablemente plantearían un mayor nivel de endeudamiento en condiciones bastante más desfavorables que hace 5 años.

Gobernabilidad y Grado de Inversión

La decisión de Fitch fue “el empujón final” a la triplicación del costo de fondos para Panamá, y no sorprendió a nadie. Pero su recurrente referencia al deterioro de la gobernabilidad es un elemento nuevo.

Su pronunciamiento del 28 de marzo comienza señalando: “La rebaja de la calificación de Panamá a 'BB+' refleja desafíos fiscales y de gobernanza que se han visto agravados por los acontecimientos que rodearon el cierre de la mina más grande del país”….

Finaliza el primer párrafo indicando…”El cierre de la mina de cobre de Minera Panamá complica aún más las perspectivas fiscales y pone de relieve los crecientes desafíos de gobernanza que enfrenta el país”…

Impacto económico del fiasco minero

Aparte de la pérdida del Grado de Inversión (Fitch), era lógico suponer que la abrupta eliminación del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), 14% de Inversión Extranjera Directa (IED) existente en el país y 21% de la IED que entró al país mientras tuvimos Grado de Inversión (2010-2024) tendría importantes repercusiones.

Aparte de la triplicación del costo del dinero (2019-2024), otros impactos incluyen el aumento de 1.5% en la tasa de desempleo como resultado del cierre de la mina (MITRADEL, abril 2014), lo que representa 31,413 empleos perdidos, el incremento de las tasas de interés bancario en 6% en 2023 y los nuevos incrementos a partir del 1 de agosto 2024 en créditos preferenciales y no preferenciales.

A ésto se agrega que el saldo de los créditos vencidos y morosos en el sistema bancario fue del 4.35% del total de la cartera al 31 de mayo 2024, versus 3% en mayo 2023.

¿Podremos ponernos de acuerdo para sacar el país adelante?

La debacle minera fue el tiro de gracia a un proceso de debilitamiento de nuestras finanzas públicas y deterioro de la gobernabilidad. El Gobierno Cortizo se centró en “vacunación, subsidios y contrataciones en la planilla estatal, con plata prestada”. En consecuencia, “perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjera de crédito para hacer super”.

Pero en su nota de marzo, Fitch pone el grueso de la problemática en nuestra capacidad para gobernarnos, coincidiendo con advertencias de The Economist (julio 2020 y marzo 2021) de que el deterioro de la gobernabilidad y la incapacidad del Gobierno Cortizo para lidiar con presiones populistas representaban un alto riesgo para la inversión extranjera en Panamá. Con la crisis minera se cumplió esa profecía.

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