Panamá y Costa Rica abogan por diálogo para superar la crisis de Nicaragua
Nicaragua vive una crisis desde abril de 2018 a causa de unas reformas a la seguridad social que generaron protestas que luego se encaminaron a pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega y de su esposa.
Los presidentes de Panamá, Juan Carlos Varela, y de Costa Rica, Carlos Alvarado, abogaron por el diálogo como vía para superar la crisis que vive Nicaragua desde abril pasado, así como porque sean investigadas las centenares de muertes que ha dejado el conflicto sociopolítico.
El tema de Nicaragua fue uno de los tratados por los dos gobernantes durante una reunión de trabajo que sostuvieron este miércoles en Boquete, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, en la que trataron otros asuntos de interés bilateral como los flujos migratorios, la seguridad y el turismo.
"Tocamos el tema de Nicaragua, donde sin duda alguna esperamos que la situaciones de violencia y las pérdidas de vida que se dieron no se vuelva a repetir y que sean investigadas", declaró Varela en una comparecencia conjunta con Alvarado ante la prensa.
Varela hizo votos para que "el hermano pueblo de Nicaragua pueda encontrar el camino a la paz en democracia".
Asimismo, Alvarado también indicó que su Administración "aboga por el diálogo y la democracia", en la vecina Nicaragua, con la que Costa Rica mantiene desde hace años una relación muy complicada debido a conflictos limítrofes.
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Nicaragua vive una crisis desde abril de 2018 a causa de unas reformas a la seguridad social que generaron protestas que luego se encaminaron a pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a los que los opositores acusan de autócratas y responsabilizan de las centenares de muertes que se han registrado durante la crisis.
Organismo humanitarios locales y extranjeros han cifrado entre 325 y 561 los muertos y entre de 340 a 777 los detenidos, mientras que Ortega reconoce 199 fallecidos y 340 encarcelados a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de Estado fallido".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el Gobierno de Ortega pudo haber incurrido en crímenes "de lesa humanidad", mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) inició la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que puede terminar en la suspensión del país en este organismo internacional.