Peces gordos del Gobierno en tráfico de armas
Altas figuras del Gobierno de Panamá, ministros y políticos estarían involucradas en el caso de tráfico de armas vía la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) del Ministerio de Seguridad, reveló ayer la abogada Idalia Martínez.
Martínez es defensora del agente del Senan, Víctor Humberto Cruz Ávila, de 22 años, uno de los 8 funcionarios del Diasp que son investigados desde abril por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.
El juez de garantías Erick González declaró causa compleja el proceso que se le sigue a los funcionarios y al empresario asiático Yu Ki Tong por tráfico ilícito de armas de fuego y contra la fe pública.
Ahora el fiscal David Mendoza tendrá 6 meses más para llevar esta investigación sobre introducción de armas provenientes de Estados Unidos burlando los controles para legalizarlas.
Durante la audiencia se mencionó la operación de una oficina VIP donde presuntamente se tramitaban funcionarios de alto perfil del actual gobierno.
El fiscal Mendoza indicó que no se cumplía con los reglamentos que establece la ley de verificación para la expedición de ciertos permisos, por lo que no se descarta la participación de altos funcionarios del Ministerio de Seguridad, incluso se mencionó al Consejo de Seguridad.
En cuanto a Ovidio Fuentes, exdirector de la Diasp, a quien le han suspendido temporalmente su imputación, el fiscal Mendoza señaló que están en espera de la respuesta de una petición del Ministerio de Seguridad.
Por otra parte, Idalia Martínez reiteró que hay altos funcionarios de este gobierno, que hay destacadísimas figuras".
La abogada reveló que en la Diasp había una oficina donde se colocaban las siglas VIP Y se le daba trámite y de manera irregular se conseguían permisos de armas de este país.
"Aquí hay una gama de servidores públicos que deberían estar sentados, imputados por lo menos, pero altas figuras llegaron a una audiencia sin nada, sin cargo y sin imputación", expresó la abogada.
La abogada se refirió a su defendido y dijo que ahora los jefes quieren culpar a un subalterno de 22 años. "Aquí se están mencionado a servidores públicos que deben responder al país. ¿Cómo una persona que compra armas en Estados Unidos la introdujo a Panamá en periodos de veda? ¿Cómo se dan permisos de armas con la apariencia de legalidad, cuando no se cumplían con los requisitos".
Martínez mencionó a posibles involucrados en este caso como a ministros y políticos. "Hay altísimas figuras mencionadas que tienen que garantizar la seguridad en el país, vayan y pregúntenle al ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, si él sabe el contenido de la carpetilla y qué es lo que hay ahí", manifestó la defensora.
Además señaló que hay decenas de armas que se introdujeron a Panamá incluso cuando esas armas solo las puede utilizar un estamento de seguridad.
Por su parte, el comerciante Yu Ki Tong alegó que introdujo de manera legal las armas.
En medio de la audiencia se reveló que una de esas armas fue utilizada y le causó la muerte a una persona, y se han logrado incautar armas (revólver, rifles, escopetas, fusil AR 15 y lanzacohetes).