Piden cuentas a AMP tras contratos de servicio de lancha
El abogado y ex director de Marina Mercante, Guillermo Márquez Amado, instó al Ministerio Público investigar a fondo una contratación directa de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para el servicio de lancha en las inspecciones de buques. Esto después que se presentara una denuncia por los posibles delitos contra la Administración Pública.
La denuncia presentada es para que se investigue las contrataciones de una empresa para el servicio de transporte en yates a funcionarios que realicen inspecciones en buques, mediante los contratos 3003 de 2020, A-3001 – 2021 y Contrato 3003 de 2022, suscritos por el administrador general de la AMP, Noriel Araúz con la empresa Stward, INC, cuyo representante legal es Pablo Torres Chong.
Según la denuncia presentada por el abogado Yersil Sánchez, no se conoce los criterios de selección para esta empresa, la que ha sido beneficiada con tres contrataciones consecutivas, razón por la cual el abogado considera que se podría estar ante un escenario de preferencia en contrataciones.
La empresa Stward Inc, fue contratada en 2020 para suministrar el servicio de lancha por hora para transportar personal para atender inspecciones de buques, por “contratación de 150 horas de servicio de lancha.
El primer contrato iba del 16 de junio hasta el 31 de diciembre de 2020, pagando la suma de 36,750.00 mensuales, a razón de 245 por hora, sumando $238,875 a la terminación del contrato, pero existía una cláusula en la que la AMP podía autorizar horas adicionales. Incluso, el contrato establecía en otra cláusula que el cálculo del pago será realizado de la siguiente manera: Total de horas consumidas (Pacífico + Atlántico) por tarifa contratada”. Dicho esto, no se conoce cuál fue el monto total que la entidad pagó por esos servicios.
Al año siguiente, la empresa firmó otro contrato el A-3001 de 2021, lo mismo este año. Para los nuevos contratos, el monto recibido aumentó a $441 mil a razón de 1,800 horas de servicio; esta vez anuales, también dejando abierta la puerta de que se autorizarán horas adicionales para servir en el Atlántico y en el Pacífico, de acuerdo con la documentación aportada al Ministerio Público.
La demanda también se fundamente en el hecho de que los dineros de estos contratos son desembolsados desde la cuenta de la AMP en Miami, habilitada para atender el pago de inspecciones a naves panameñas en el exterior. Sin embargo, el servicio contratado es local.
Para el abogado Sánchez, los contratos constituyen una posible transgresión a la Ley de Contratación Pública, ya que no se conoce cuáles fueron los criterios de selección, que normas lo sustentan, ni se le ha dado seguimiento a la ejecución de estas contrataciones. El procedimiento, explica también denota favoritismo de la entidad hacia una sola empresa además de la incertidumbre sobre los montos finales.
Sánchez recordó que la gestión del administrador de la AMP debe estar dirigida a fortalecer el sector marítimo y no a dejar dudas sobre el manejo y la transparencia de la entidad, por lo que este tipo de situación amerita que se investigue al ente y al administrador por parte del Ministerio Público.
Advirtió que en caso de que se compruebe de que se ha incurrido en un delito contra la Administración Pública, las autoridades deben actuar rigurosamente para poner un alto a la falta de transparencia en las contrataciones del estado.
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