Preocupación por neutralidad en auditoría de la mina
Piden reducir el plazo de seis meses a tiempos razonables para evitar mayor incertidumbre y considerar los efectos socioeconómicos por el cierre.
Diversos sectores del país han manifestado su profunda preocupación ante la auditoría ambiental que realizará el Ministerio de Ambiente en Cobre Panamá. La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), representantes de comunidades cercanas a la mina y proveedores han expresado inquietudes sobre la falta de imparcialidad en los términos de referencia establecidos para este proceso. En cartas dirigidas al ministro Juan Carlos Navarro, insisten en la necesidad de que la auditoría se lleve a cabo con rigor técnico y científico, sin partir del supuesto de un cierre definitivo de la mina antes de evaluar su cumplimiento ambiental.
CAMIPA enfatiza que el propósito de una auditoría debe ser determinar, con base en datos verificables, el grado de cumplimiento de la normativa ambiental vigente durante la operación de la mina. La preocupación surge porque los términos actuales podrían estar sesgados hacia una conclusión predefinida, lo que pondría en riesgo la confianza en el proceso y podría generar graves repercusiones económicas y sociales.
Los proveedores también han expresado su inquietud ante la incertidumbre prolongada que esto podría generar. Advierten que el plazo de seis meses para la auditoría, sumado a los tiempos de contratación pública, retrasaría los resultados hasta 2026, afectando la estabilidad económica de cientos de empresas y miles de trabajadores que dependen de la reactivación del sector.
Desde las comunidades cercanas, Abel Oliveros, residente de Coclesito, señala que la auditoría, tal como está planteada, omite una evaluación integral del impacto socioeconómico. “La paralización de la mina ha significado la pérdida de empleos y la suspensión de programas sociales esenciales. Necesitamos transparencia y una evaluación objetiva”, expresó. Asimismo, destacó la importancia de que la auditoría sea realizada por un organismo internacional con experiencia en el sector minero, garantizando independencia y credibilidad en sus resultados.
Ante este panorama, CAMIPA, las comunidades afectadas y los proveedores insisten en que la auditoría debe centrarse en la verificación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y ejecutarse en un plazo razonable. La prolongación de este proceso solo aumentaría la incertidumbre, afectando tanto a los trabajadores como a la estabilidad económica de la región.
Las solicitudes han sido presentadas formalmente al Ministerio de Ambiente como parte del proceso de consulta pública, con la expectativa de que las autoridades consideren estas observaciones y garanticen una evaluación justa y equilibrada del proyecto minero más relevante del país.
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