Presentan informe sobre protestas contra el alto costo de la vida
Según detalló Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, a la situación se le denominó conmoción social, porque fue un estado que se vivió producto de demandas, en especial al gobierno, obiern durante la cual se dio una perturbación del orden público que en algunas ocasiones sobrepasó las capacidades de la fuerza pública.
Panamá- Un total de 368 acompañamientos realizó la Defensoría del Pueblo en las 262 manifestaciones de docentes y 130 de transportistas, sindicalistas, comunidades educativas y productores, entre otros grupos, desde el 23 de mayo al 1 de agosto, en lo que denominaron una conmoción social ocurrida en Panamá por el alza en los precios del combustible, los alimentos y las medicinas.
Según detalló Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, a la situación se le denominó conmoción social, porque fue un estado que se vivió producto de demandas, en especial al gobierno, obiern durante la cual se dio una perturbación del orden público que en algunas ocasiones sobrepasó las capacidades de la fuerza pública, lo cual puso en riesgo la sana convivencia.
Detalló que fue el 23 de mayo cuando se registra la primera manifestación en la provincia de Veraguas, cuando miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), salieron a protestar por primera vez en contra del alto costo de la vida, a la que luego se le unieron, a principios de julio, productores de Tierras Altas, en Chiriquí, que dio paso la escalada de protestas, tiempo durante el cual le correspondió al personal de la Defensoría, salir hasta 21 veces en un mismo día a proteger los derechos humanos de los manifestantes.
En el renglón de las afectaciones, el Defensor sustentó que el 55% de ellas estuvieron relacionadas con cierre total de vías y un 25% con manifestaciones en las aceras o con cierres intermitentes.
También mencionó que durante este estadio se reportó el cierre de instituciones, por parte de manifestantes, quienes colocaron candados en las puertas de acceso, siendo uno de estos casos reportado en Las Tablas, provincia de Los Santos.
Resaltó que en el 92% de los acompañamientos realizados por personal de Derechos Humanos, durante las protestas, no se reportaron altercados, mientras que en el 8% estos si se registraron, aclarando que aunque un grupo de personas ejercen violencia durante una manifestación esta no vuelve violenta.
Entre los tipos actos de violencia registrados durante protestas, el Defensor mencionó la destrucción de propiedad y bienes privados, el lanzamiento de piedras y objetos, así como también la colocación de barricadas y llantas incendiadas, entre otros.
En el renglón del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y otras entidades de Seguridad, Leblanc destacó que aunque es el deber del Estado garantizar la seguridad y el orden público, "el uso de la fuerza se debe efectuar como último recurso, con excepcionalidad, progresividad, necesidad y profesionalidad", especificando que en 334 de los 368 acompañamientos que hizo la entidad durante la conmoción, no se uso la fuerza.
Especificó que solo en 12 manifestaciones se reportó el uso de bombas lacrimógenas, así como también o de armas con proyectiles de goma y armas de fuego, situaciones que están bajo investigación, al igual que los casos de amenazas registradas por parte de unidades de la policía.
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El Defensor resaltó que casi en el 50% de las manifestaciones había presencia de niños, niñas y adolescentes, por lo cual hizo un llamado a los padres de familia, para que dejen a sus hijos en casa si quieren salir a protestar, ya que "el derecho de los niños y niñas es estar en su casa y el deber de los padres es cuidarlos y la calle jamás será un lugar seguro para ellos". "Si no tenemos con quién dejarlos, dejemos de participar en esta protesta y cuidemos a nuestros niños", reiteró.
La Defensoría del Pueblo también mantiene abiertos varios expedientes por denuncias colectivas, entre las cuales se encuentra una por lo ocurrido en Horconcitos, distrito de San Félix, relacionada con el caso de atropello de dos manifestantes, otra por lo ocurrido en el puente sobre el río Risacua, así como también por lo ocurrido el 19 de julio en Veraguas, entre otras.
La Defensoría certificó que al día de hoy hay 80 personas que fueron atendidas en hospitales durante la conmoción social, ya sea como parte de protocolo de la policía o pacientes que fueron atendidos sin laceraciones ni heridas, entre los que se encuentra la unidad femenina de la Policía Nacional que fue privada de su libertad, una persona que tuvo afectación maxilofacial, otro que fue herido en un ojo, un baleado en un brazo, afectados por piedras, entre otros.
En el caso de denuncia contra autoridades, sustentó que están investigando al Gobernador de Veraguas, por ocurrido el 19 de julio, luego de que este ordenó abrir y despegar la vía Interamericana y las calles en Santiago.
Señaló que el reporte de lo ocurrido en Panamá durante esta conmoción social fue entregado a la Comisión Interamericana Derechos Humanos, ya que fue una manifestación bastante fuerte donde hubo varias personas detenidas por presunta comisión de delitos y por ello se le ha recorrido traslado del informe a la Policía Nacional para que ellos respondan y así poder determinará si hubo vulneración de derechos humanos por parte de miembros de esa entidad.
En resumen, el Defensor del Pueblo catálogo la situación como una conmoción social, porque no se dio por parte de una sola persona o en grupos aislados de estas, sino que fue una situación generalizada durante la cual todos estaban protestando por la misma causa.
Leblanc alegó que lo que ocurrió "nos llama a la reflexión de que para solucionar los problemas hay que dialogar, realizar ajustes y presten atención a las condiciones sociales" enseguida, antes de que se salgan de control.
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