¿Qué pasa con el Contrato de Minera Panamá?
El anuncio del nuevo acuerdo entre Minera Panamá y el Gobierno, el 18 de enero 2022, fue clave en la mejora de la perspectiva de la deuda panameña de Negativa a Estable por parte de Fitch Ratings, escasamente 10 días después. En marzo 2022 se informó al país la distribución de los ingresos derivados del nuevo Contrato, que incluyen un mínimo de $190 millones anuales al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja del Seguro Social (CSS). Pese a este anuncio, tanto la empresa como el Gobierno confirmaron que aún hay temas que no se han concretado.
¿Qué está pasando?
Es la pregunta que todos nos hacemos. El Informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el colapso del Programa IVM, el agravamiento de la crisis laboral y precarización del empleo, así como la inestabilidad social y el deterioro de la confianza en el clima para la inversión privada en el país, visibilizan la urgente necesidad de concretar la nueva relación entre el Estado panameño y la mayor Inversión Extranjera Directa (IED) en la historia de Panamá ($6,700 millones).
Negociaciones en momentos de volatilidad mundial
Existe buena fe de ambas partes, pero hay factores que pueden estar incidiendo sobre el retraso en la redacción final del Contrato. Panamá no es un país minero, no existe precedente y el proceso de “aprendizaje” ocurre en un momento de extraordinaria volatilidad mundial.
El 15 de septiembre 2022, el Banco Mundial publicó un Informe donde advierte “el mundo podría estar avanzando poco a poco hacia una recesión mundial en 2023, incluyendo una serie de crisis financieras en los mercados emergentes y las economías en desarrollo”.
El 26 de septiembre 2022, la Agencia de Noticias Reuters reportó “los precios del cobre cayeron a mínimos de dos meses, debido a que los temores de una desaceleración mundial, una demanda más débil, un dólar más alto y un aumento de las existencias en los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres (LME) provocaron una venta masiva”.
Las perspectivas de la demanda y precio del cobre siguen siendo positivas a largo plazo, pero es difícil prever cuánto tiempo va a durar la anunciada recesión y su impacto sobre el mercado, máxime que no se negocia un contrato entre dos partes, sino las condiciones para la atracción de inversiones para la explotación futura del Eje Minero, de manera rentable, sostenible y socialmente responsable, ante el evidente agotamiento del Eje Canalero.
La crisis laboral no es de “empleo”, sino de confianza
La ratificación del Contrato entre Minera Panamá y el Estado es pieza fundamental en el proceso de construcción de confianza en el clima para la inversión privada en el país, crítica para detener la alarmante precarización del empleo, señalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como principal amenaza al Programa IVM.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), tenemos 59,252 trabajadores asalariados privados MENOS y 249,633 informales MÁS que hace una década. 90% de los empleos formales perdidos se dieron en Construcción y Comercio. 71% de los nuevos informales se crearon en Construcción, Comercio, Turismo, Industria y Logística, que en conjunto aportan 47% de la fuerza laboral del país.
Entre enero y agosto 2022 MITRADEL tramitó 41% menos nuevos contratos laborales que en el mismo período del 2019, y entre octubre 2021 y abril 2022 se agregaron mensualmente más de 10 mil nuevos informales a la economía, promedio 5 veces superior a la década prepandemia (2009-2019), de 1,924 mensuales.
Estas cifras dramatizan la pérdida de confianza en el clima para la inversión privada en el país.
Mensajes confusos al inversionista
El Gobierno implementó leyes para atraer IED, como el Régimen Especial para Sedes de Empresas Multinacionales (SEM; Ley del 2007), que ha traído más de $3 mil millones de inversión y más de 7 mil nuevos empleos. De igual manera la Ley EMMA, PROPANAMÁ y otras iniciativas.
Pero al retraso en la concreción de la nueva relación contractual con Minera Panamá se suman otros eventos (sólo por mencionar algunos) que crean incertidumbre. Estos incluyen la aceptación, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de la Demanda de Inconstitucionalidad al Artículo 13 de la Ley SEM, referente a Incentivos Fiscales, y la fijación arbitraria de márgenes de ganancia/control de precios por parte del Gobierno.
URGE transmitir confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Sin inversión privada, seguiremos generando informales y condenando a muerte a la CSS.
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